Los cinco diputados del PSOE, Vox y Podemos que pidieron al Gobierno de Murcia la lista de 80.000 vacunados podrán consultarla este viernes durante 3,5 horas 90 minutos después de que se cree en el Parlamento autonómico la comisión de investigación sobre las irregularidades del proceso que costaron el cargo al consejero de Salud.

La comisión ha sido constituida a las 8 de la mañana en la sede de la Cámara en Cartagena, a 50 kilómetros de distancia de la Consejería de Salud, en Murcia, donde de 9:30 a 13 horas les serán facilitados los 80.000 nombres, entre ellos, los de unas 600 personas vacunadas indebidamente sin respetar el protocolo de orden establecido, la mayoría de ellas de la propia consejería y el Servicio Murciano de Salud.

Además de Manuel Villegas, dimitió también por haberlo hecho sin tener derecho a ello la alcaldesa socialista de Molina de Segura, la cuarta ciudad de la comunidad en población, y estos días se ha sabido que también la recibió el obispo de la diócesis de Cartagena y otros curas.

Los parlamentarios no podrán hacer copias ni fotos de la lista, solo tomar notas a mano de unos nombres que no podrán hacer públicos para respetar la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Alfonso Martínez Baños y José Antonio Peñalver, de PSOE; Mabel Campuzano y Pascual Salvador, de Vox, y María Marín, la portavoz parlamentaria de Podemos, estarán juntos en una sala con varios funcionarios de la consejería.

Para Marín, buscar y encontrar los nombres de los que se han saltado el protocolo de vacunación pactado entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas será "como buscar una aguja en un pajar, con los ojos vendados, las manos atadas a la espalda y a contrarreloj".

Ha señalado que la citación de la consejería se hace de manera conjunta a todos los diputados que lo solicitaron, "sin atender a que las peticiones de consulta no coinciden tan siquiera en su contenido".

El artículo 13 del reglamento parlamentario regional regula el derecho a solicitar información y expone que los diputados "tendrán derecho a recabar de la administración de la comunidad autónoma los datos, informes o documentos consecuencia de actuaciones realizadas por esa administración y todos sus organismos dependientes".