El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes la licitación de seis contratos para la conservación y explotación de las autopistas de peaje AP-2 y AP-7 en Cataluña y Aragón, que pasarán al Estado una vez acabe su concesión en agosto de este año, por un importe conjunto de 627,8 millones.

Las autopistas de peaje AP-2 Zaragoza-El Vendrell y AP-7 Tarragona–La Jonquera suman 375 kilómetros en Cataluña y, una vez que expire su concesión el 31 de agosto, pasarán a ser gestionadas directamente por el Estado, a cuyo efecto licita cinco contratos de conservación y explotación que suman 541 millones.

Además, el Gobierno autorizará la licitación de un contrato de 86,8 millones para la conservación y explotación de la AP-2 en Aragón (comunidad por la que discurren 102 km) con motivo de su reversión al Estado y el fin de los peajes a partir del 1 de septiembre.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha establecido un nuevo modelo de conservación que persigue ofrecer un servicio integral, mejorar el estado de la carretera y optimizar los recursos públicos.

Se separan de forma expresa los gastos e ingresos del contrato, estableciendo, de un lado, el presupuesto de gastos (costes de conservación y explotación, y pequeñas obras) y, de otro, el presupuesto de ingresos (canon a abonar como contraprestación por el derecho de explotación de las áreas de servicio y otros servicios públicos).

Los nuevos pliegos de contratación integran, por tanto, prestaciones de servicio de vialidad y conservación ordinaria, explotación de elementos funcionales y ejecución de pequeñas obras de mejora de la funcionalidad de la carretera.