El Gobierno central ha tramitado hasta la fecha el 20,7% de las sanciones impuestas durante el primer estado de alarma por incumplir las normas anticovid, entre marzo y junio de 2020, mientras que el Gobierno regional, competente en la materia desde julio de 2020, ha notificado hasta la fecha el 15,2% de las sanciones realizadas.
En concreto, la Delegación del Gobierno, administración encargada de tramitar las infracciones a la normativa y sanciones dictadas para contener los contagios entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020, formalizó 41.564 sanciones, de las que ha tramitado unas 8.600, lo que representa el 20,7% del total.
Por su parte, la Consejería de Salud ha concretado que, desde el 16 de julio, cuando el ejecutivo central decidió que las comunidades sean las administraciones competentes en la gestión de la pandemia, incluyendo la tramitación de las sanciones, ha recibido 73.271 comunicaciones de sanciones en la comunidad.
En cuanto al cobro de estas sanciones, fuentes de la consejería de Salud han apuntado que no puede establecer la cifra exacta porque se trata de un procedimiento complejo que lleva "muchos pasos" e incluso requiere la comunicación al interesado de que su plazo de alegaciones ha terminado.
Además, han explicado que, una vez expirado el plazo voluntario para el abono de la multa, los expedientes pasan a la consejería de Hacienda, que se encarga de las que llegan de Salud tras no haberse pagado en periodo voluntario y se inicia la vía ejecutiva.
El decreto ley obliga al Consejo de Gobierno a dotar de los recursos humanos precisos en la consejería de Salud para poder gestionar los procedimientos sancionadores por las infracciones reguladas en este decreto-ley.
Ante esta situación, se ha anunciado la puesta en marcha de un plan de choque con el fin de agilizar la tramitación de estas infracciones.
El Consejo de Gobierno realizará las modificaciones precisas en los presupuestos autonómicos para dotar a Salud de los recursos humanos necesarios con los fondos procedentes de la Unión Europea y la Administración del Estado para hacer frente al Covid-19.
