El aumento de impuestos que entraría en vigor a partir de 2022 de forma gradual para los autónomos no ha sido indiferente para este colectivo. La semana pasada, el gobierno que planteaba que no iba a aumentar los impuestos a las clases medias ni a las clases trabajadoras publicó la propuesta de Reforma de Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Pues, aunque parece que se va a pagar en función de lo que se gane y que esto sería lo más justo, esta reforma puede verse envuelta de este argumento para en realidad, azotar fiscalmente una vez más a los empresarios autónomos de clase media y alta. 

Actualmente los trabajadores pueden elegir libremente su base de cotización entre un mínimo de 944 euros mensuales y un máximo de 1.230 euros mensuales. Esta libertad de elección tiene sentido en tanto en cuanto un autónomo también recibe prestaciones sociales en base a lo que cotiza, por lo que quien más tributa, más prestaciones recibe (pensiones, prestaciones por cese de actividad, cursos de formación…) y, al contrario.  Este sistema juega en detrimento de aquellos que ganan menos de 945 euros, y, por lo tanto, es en este tramo donde sería necesario el planteamiento de una reforma fiscal. 

La RETA plantea un verdadero quebradero de cabeza para los trabajadores por cuenta ajena. Los autónomos podrán elegir provisionalmente su base de cotización entre trece tramos y modificar su elección hasta seis veces a lo largo del año, pero tendrán que hacer una regularización anual una vez presentada su declaración. Las cuotas serán, después de 9 años de implantación, de la siguiente forma:

De esta manera, para aquellos que ingresen hasta 17.000 euros anuales pueden verse beneficiados pues podrán tributar en base a sus ingresos reales y verán disminuida su cuota. Sin embargo, aquellos que ingresen de 17.000 en adelante podrán ver hasta duplicado, triplicado o cuadriplicado el pago por la cuota de autónomo a la Seguridad Social.

Por poner algún ejemplo, y siguiendo la tabla, quien ingrese entre 27.000 y 32.000 euros anuales pagarían 545 euros mensuales a diferencia de 285 euros mensuales que pueden elegir pagar ahora lo que supone un 91% de aumento. O quien genere de rendimientos netos entre 47.000 y 48.841 euros podrían llegar a pagar un 277% más de lo que lo hacen ahora.

Lo lógico sería pensar que, si se va a tributar más, ese colectivo reciba más y mejores prestaciones sociales, pero es bien sabido que la seguridad social tiene una situación insostenible y que lo normal es que haya cada vez más recortes para hacer frente al pago de las pensiones, y que esta reforma sea por tanto un saqueo a las clases medias y altas españolas para dar solución a este problema cuando la reforma laboral real que debería hacerse tendría que estar enfocada en la creación de empleo. 

Si además añadimos el resto de subidas impositivas que se plantea el gobierno como son los peajes por carretera, la supresión de contribución conjunta en el IRPF, o la supresión de la reducción por la aportación a planes de pensiones privados entre otras, nos encontramos con una clase alta cada vez más descapitalizada y dependiente de los fondos estatales. También supone un desincentivo al trabajo y a elevar los beneficios ya que el efecto marginal de elevar los ingresos en 1.000 euros puede suponer terminar perdiendo 700 euros. O incluso, y no con menos controversia, existe el riesgo de que los autónomos intenten rebajar sus rentas declaradas.