El juzgado de instrucción de Murcia que desde 2015 ha investigado el presunto fraude en las obras del tramo del AVE comprendido entre Crevillente (Alicante) y Murcia, que, según algunos cálculos, podría haber superado los 50 millones de euros, ha acordado la apertura del juicio oral contra un total de 79 acusados.



Estos son, según el auto, que acaba de ser notificado a las partes, 39 personas físicas y cuarenta organizaciones de distintos tipo, como bancos, comunidades de regantes y empresas, como Constructora San José, Acciona y Dragados.



Estas cuarenta personas jurídicas figuran como responsables civiles subsidiarios o beneficiarias a título lucrativo en una causa que se ha seguido por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, falsedad y contra la Hacienda Pública, entre otros.



La resolución modifica la situación procesal de algunos de los imputados, como es el caso de uno del que se acuerda el sobreseimiento de la causa y de Aníbal B.A., al que defiende el penalista murciano Raúl Pardo-Geijo Ruiz, que queda libre de responsabilidad penal, ya que responderá solo como responsable civil si se acredita que se benefició de las actividades presuntamente ilícitas de los demás.



Inicialmente se le atribuían los presuntos delitos de estafa, falsedad documental, pertenencia a organización criminal e insolvencia punible.



Según las acusaciones, el supuesto fraude fue cometido con la emisión de facturas falsas o sobredimensionadas por las obras de reposición de las redes de regadío afectadas por el proyecto.



Entre los acusados figura el que fuera responsable de Infraestructuras de Adif para Levante, José Luis M.P.



El auto da tres días de plazo a los encausados para que designen abogado y procurador de los tribunales, si no lo han hecho ya, y treinta días para que presenten escrito de conformidad o disconformidad con las acusaciones.