El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha cifrado en 900 millones de euros el ahorro que supone para los usuarios de las carreteras la decisión del Ejecutivo de no prorrogar ni volver a licitar aquellas concesiones de peaje cuando finaliza su plazo.
Durante su comparecencia en la Comisión de Transportes del Congreso, el secretario general de Infraestructuras, Sergio Vázquez, ha reconocido que existe un importante déficit acumulado de mantenimiento en las carreteras y que el actual modelo de gestión es "escasamente coherente, de difícil comprensión para los ciudadanos y que genera distorsiones".
Con respecto a los planes trasladados a Bruselas para implantar en 2024 el pago por uso en la red de carreteras, ha asegurado que este modelo se haría siempre con consenso y diálogo, que a día de hoy no se plantea ninguna propuesta concreta y que el debate está abierto y no es inminente.
En este sentido, ha insistido en que es una cuestión que habrá que decidir, ya que tiene sus costes y desventajas, pero que la intención del Ministerio es evitar hacer algo por la puerta de atrás sino con todos los interlocutores.
A este respecto, ha indicado que existen tramos de la red de alta capacidad cuya financiación recae sobre los usuarios a través del peajes directos generando situaciones de agravio entre unas comunidades y otras.
En este contexto, ha recordado que el Gobierno ha planteado un incremento presupuestario en la partida de conservación dado el deterioro de los firmes y que ha acordado levantar los peajes al fin de las concesiones, como ha ocurrido con la AP-1, parte de la AP-7, la AP-4 o este verano el tramo de la AP-7 entre La Jonquera, Tarragona y Zaragoza.
"Hay necesidad de abordar un consenso sobre el modelo de la red viaria que queremos para el futuro", ha apuntado Vázquez, que insiste en que el Gobierno ha querido reabrir el debate sobre la tarificación de los costes de conservación a los usuarios teniendo en cuenta las necesidades del país, el entorno europeo o las cuestiones medioambientales.
