Sería muy difícil imaginarse la España democrática en la que vivimos hoy en día con pena de muerte. Parece que existe cierto consenso sobre la violación que esta medida supone para los Derechos Humanos fundamentales. Sin embargo, no fue hace tanto que se prohibió la pena capital. De hecho, no fue hace tanto que aún se ejecutaban personas con técnicas arcaicas como el garrote vil. Hoy, 25 de junio, se cumplen 38 años de la derogación del uso de esta herramienta de tortura heredada de la Inquisición.
Aunque la pena de muerte ya se prohibió de facto en 1978, su desaparición completa del Código Penal no llegó hasta 1983.
Aunque no es raro oír que el garrote vil es una forma conmiserativa o misericordiosa de morir, sobre todo por estar el ejecutado sentado, las ejecuciones por este método podían alargarse largos periodos de tiempo. Dependiendo de la fuerza física del verdugo y de la resistencia del cuello del condenado, la muerte podía ser instantánea o, incluso, superar los 20 minutos, como fue el caso de José María Jarabo en 1959.
El garrote vil, un instrumento que a cualquiera le parecería inhumano y propio de épocas arcaicas, se pretendió usar hasta el mismo año 1977. En este año se condenó a la última persona que sufriría la pena máxima mediante este proceso: José Luis Cerveto, "el asesino de Pedralbes". Sin embargo, Cerveto fue absuelto. Y no fue un caso aislado, pues las últimas personas ejecutadas con el garrote vil murieron en 1974. Eran Salvador Puig Antich, anarquista, y Heinz Chez. Sus ejecuciones corrieron a cargo de los verdugos Antonio López Guerra, de Badajoz, y José Monero Renomo, de Sevilla, ambos dedicados profesionalmente a la "ejecución de sentencias", plazas que se convocaban oficialmente en el BOE.
La última mujer ejecutada en la historia de España, Pilar Prades Expósito, también fue condenada a encontrar su fin sentada en el asiento del garrote. Ocurrió en el año 1959.
Ellos no fueron los últimos ejecutados por el régimen franquista, sino que después fueron condenados dos militantes de ETA, Jon Paredes y Anjel Otaegi, y tres de FRAP, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y Humberto Baena. Ejecuciones que, dicho sea de paso, no reflejaron reducción alguna en el volumen de atentados.
No obstante, la aparición del famoso garrote vil aún podría regresar. La Constitución, como norma jurídica suprema, aún recoge la formulación "salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra". Es decir, que la posibilidad de alterar la legislación para permitir la pena de muerte en tiempos de guerra es una realidad.
