
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha presidido la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un órgano de coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, en el que también participa la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias).
El objetivo de este encuentro no es la distribución de recursos -eso corresponde a las conferencias sectoriales de cada ministerio-, sino realizar el seguimiento y la evaluación de la implementación de los fondos europeos que recibirá España procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Durante la reunión, que se ha celebrado de forma telemática, la ministra Montero ha comunicado a las Comunidades Autónomas los avances realizados en el desarrollo del Plan de Recuperación que han permitido, entre otras cosas, la distribución de más de 7.250 millones de euros a las Comunidades Autónomas. Unos recursos fundamentales para llevar a cabo inversiones en materias claves para la transformación y modernización del país como la transición ecológica, la vivienda, la educación o la sanidad.
El encuentro también ha servido para anunciar los pasos a seguir en el despliegue de los elementos de control y seguimiento exigidos por la Comisión Europea para recibir unos recursos -hasta 140.000 millones en seis años- que deben servir para sentar las bases de la España del futuro.
En este sentido, la titular de Hacienda y Función Pública ha recordado los hitos ya completados en los últimos meses. En concreto, España fue de los primeros países en recibir la aprobación de Bruselas del Plan de Recuperación. El documento presentado plantea 110 inversiones y 102 reformas para lograr no solo la recuperación económica y la creación de empleo después de la crisis desatada por la pandemia, sino para impulsar un cambio estructural en el tejido productivo que lo haga más competitivo, basado en cuatro ejes vertebradores: la transición ecológica, la digitalización, la cohesión territorial y social y la igualdad.
De esta forma, tras el visto bueno final del Ecofin el pasado 13 de julio, España recibirá en las próximas semanas un anticipo de 9.000 millones de euros, que será seguido de otro desembolso de 10.000 millones también durante este año.





