La Fundación Ingenio se ha sumado a las reivindicaciones de soluciones urgentes para atajar el drama ambiental que vive el Mar Menor. En un comunicado, este lobby agrario reclama a las administraciones públicas que acometan cuanto antes todas las soluciones para acabar con este desastre ecológico, y exige responsabilidades a todos los gestores públicos de la laguna. En este sentido cita especialmente al ministerio de Transición Ecológica y a la ministra Teresa Ribera.
En su nota, lamentan “las acusaciones tergiversadas y el señalamiento oportunista por parte de determinados activistas radicales que, de manera interesada y secundada por algunos partidos políticos, buscan un chivo expiatorio para eximir su responsabilidad y favorecer ciertos intereses partidistas, desvirtuando de este modo otras necesarias medidas efectivas”. Estas acusaciones, afirma la Fundación, carecen de evidencias contrastables y habrían sido desmentidas por catedráticos y expertos en la materia.
Recuerdan que la agricultura en la comarca está parada, pues no se trasplantan hortícolas hasta septiembre, y que en la actualidad el regadío practicado en el Campo de Cartagena utiliza en un 99% la fertiirrigación con sondas de humedad, por lo que no tendría ningún sentido afirmar que el problema del Mar Menor se deba al abuso de riego.
Insisten en que el problema de la entrada de nutrientes a la laguna procede del acuífero cuaternario, que nada tendría que ver con la agricultura de precisión practicada en la actualidad, “y al que dichos activistas radicales y la administración parecen ignorar sistemáticamente, seguramente porque su intención es continuar viviendo del problema”.
"Algunos viven del problema"
También afirman que existe una correlación entre la muerte de miles de peces y los días de temperaturas extremas durante la ola de calor sumados a la llegada masiva de turistas, con más de 200.000 en los municipios del Mar Menor, donde aún muchas viviendas y urbanizaciones todavía vierten sus aguas al Mar Menor.
Por último, insten que parte de la solución es el Anillo Protector Ambiental y otras infraestructuras previstas en el Plan Vertido Cero, cuya competencia recae en el Ministerio, además de extraer agua del acuífero de donde procederían los vertidos de nutrientes.
