Ante los portavoces de los grupos parlamentarios, la ministra Teresa Ribera ha expuesto los pormenores de la Estrategia Integral de Recuperación del Mar Menor puesta y para la que se contempla una inversión inicial de 317 millones de euros. Basada en el mejor conocimiento científico disponible, incluye medidas para la protección del dominio público hidráulico derivadas de la declaración del acuífero en riesgo químico.
Entre otras, vetar el uso de fertilizantes orgánicos e inorgánicos a 1.500 metros de la orilla lagunar, limitar el número de cosechas, implantación del registro de explotación agraria, sistemas de monitorización del uso de agua de riego, de control y seguimiento de la fertilización mineral en los regadíos, y la creación de entidades colaboradoras para la inspección, control y vigilancia.
Diálogo y participación social
Dentro de dicha estrategia, destacó además proyectos de control de escorrentías y de defensa frente a inundaciones, un asunto de máxima preocupación vecinal en el entorno del Mar Menor, así como la creación de áreas de laminación que sirvan de colchón. En total se actuará sobre más de 390 ha y se crearán 216 ha de laminación, junto a la restauración de 13 kilómetros de cauces. Dentro de esta línea tendrán un papel preponderante las soluciones basadas en la naturaleza, filtros 'verdes' y actuaciones de renaturalización del entorno.
Asimismo, se ha comprometido a reunirse con los representantes de las asociaciones vecinales y las organizaciones ecologistas con periodicidad mensual hasta que el estado de la laguna no revierta a parámetros de normalidad. Ribera ha puntualizado que la gestión del agua en el Mar Menor no admite más desarrollos, ni urbanísticos ni agrícolas. Las únicas soluciones viables para garantizar la recuperación de la laguna deben a atenerse a las recomendaciones científicas, asegurar el respeto a la ley y alentar tanto la colaboración institucional como el diálogo activo con la sociedad.
Acuífero en riesgo químico
En su intervención, la ministra ha expuesto la larga lista de medidas ya acometidas por el MITECO dentro de las políticas para la recuperación del Mar Menor. Destacó en particular la declaración del acuífero de Cartagena en situación de Riesgo Químico por exceso de nitratos. El acuerdo, suscrito en julio de 2020 por la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura con el voto en contra del Gobierno de la Región de Murcia, faculta a la adopción de medidas cautelares para evitar los vertidos, cuyo control corresponde a las autoridades autonómicas.
Además, la Confederación ha identificado cerca de 8.500 ha de regadíos con visos de ilegalidad en el uso del agua y abierto expediente sancionador a más de 7.800 de esas hectáreas. Casi medio millar de expedientes incoados hasta el momento, de los cuales 207 se han enviado a la Fiscalía Superior de Murcia y un centenar largo al gobierno regional. En este sentido, Ribera lamentó que hasta este momento el ejecutivo murciano no haya comunicado el levantamiento de una sola hectárea de regadío ilegal, ni la restitución a su estado original, como le obliga a hacer su propia legislación.
La vicepresidenta tercera ha destacado también los 661 expedientes abiertos a desalobradoras, con 211 precintadas y 55 han sido desmontadas. Y se han incoado -dijo- 166 expedientes a depuradoras desde 2020. Además de ello, en este tiempo se ha efectuado el bombeo de la Rambla del Albujón y actuaciones de protección del litoral como la reversión de Puerto Mayor al dominio público marítimo terrestre, y otras contempladas en el recientemente aprobado Plan para la Protección del Borde Litoral.
