El Gobierno deja abierta la posibilidad de aplicar despidos colectivos del personal laboral en las Administraciones Públicas por causas económicas cuando tengan problemas de financiación o insuficiencia presupuestaria.

Según el reglamento que desarrolla la reforma laboral, se entiende como insuficiencia presupuestaria que la aportación a la entidad correspondiente disminuya al menos un 10% respecto al ejercicio anterior, aunque deja abierta la puerta a otros supuestos que no precisa.

El texto del reglamento, que el ministerio de Empleo que dirige Fátima Báñez ha enviado a los sindicatos para que hagan sus aportaciones, señala que se entenderá que existe insuficiencia presupuestaria en cuatro casos "entre otros".

Según esos supuestos, concurrirán causas económicas cuando las subvenciones nominativas del ministerio, consejería, entidad local, ente u organismo hayan disminuido al menos un 10% respecto al ejercicio anterior.

También cuando las transferencias de capital correspondientes a dichas entidades o cuando la aportación presupuestaria al convenio o al contrato programa que tuviera concertado el ente, organismo o entidad, hayan disminuido igualmente al menos ese mismo porcentaje.

Igualmente se entiende que habrá causa económica de despido cuando se haya adoptado un "acuerdo de no disponibilidad" que afecte a dichos organismos.

CC OO y UGT han criticado que la relación de supuestos concretos se deje abierta al decir "al menos y entre otros" los cuatro casos que se citan en el texto.

Además, entienden que para determinar la "insuficiencia" el presupuesto debería disminuir a partir de un 30% o un 40%, "nunca el 10%"

Para los sindicatos, con ese criterio "difícilmente" se podrá garantizar "una justificación de acuerdo a necesidades objetivas de la administración pública de que se trate".