El Gobierno regional ha solicitado a la Confederación Hidrográfica que precinte, elimine o desmonte las tomas de riego de las explotaciones agrícolas sancionadas y en las que debería haber asegurado que cesaba el regadío al carecer de derechos de aprovechamiento de aguas, pero que sin embargo siguen cultivando.

Todo ello tras localizar la existencia de 500 hectáreas de cultivo en el entorno del Mar Menor a las que la CHS debería haber cortado el agua pero que siguen desarrollando una actividad agrícola. Por ello se ha pedido también al ministerio para la Transición Ecológica que informe a la consejería de Agricultura de cuántos particulares han acatado las resoluciones sancionadoras, o en su caso, aquellos expedientes en los que se haya acordado la ejecución subsidiaria y precintado, eliminación o desmontaje de las tomas de riego por parte de la Confederación tras los trámites correspondientes, previstos en los artículos 116 a 120 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

En el escrito del secretario general de la Consejería, Víctor Martínez, solicita al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que informe de a cuantos infractores han ordenado reponer las parcelas a su estado anterior y, cuando no haya sido posible, a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados al dominio público hidráulico, en aplicación del artículo 323.1 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y con independencia de las sanciones que les hayan sido impuestas.