Más de 11 millones de personas sufren exclusión residencial en España, es decir, viven en infraviviendas, tienen problemas de pago de suministros, sufren hacinamiento o sus hogares tienen barreras arquitectónicas, entre otros problemas habitacionales.

Situaciones que alcanzan a casi una de cuatro personas -el 23,7% de población está afectado por algún indicador de exclusión residencial-, alerta la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) en su campaña "Emergencia Vivienda".

En el caso de las personas que viven en situación de pobreza severa, se eleva incluso al 60% los que sufren esos problemas habitacionales.

La red de entidades destaca que la pandemia ha aumentado en dos millones el número de personas afectadas por retrasos en los pagos relacionados con la vivienda (hipoteca, alquiler, recibos), afectando a más de 5,7 millones de personas.

En España, el volumen de vivienda protegida construida es la más baja desde 1950, promoviéndose en 2019 apenas 6.615, explica la campaña, que supone una disminución del 90% en 10 años.

Además, según la red, el parque de vivienda social supone el 0,96% de las viviendas principales (algo menos de 178.500 viviendas), cuando en la UE es de 9,3%.

Frente a esta emergencia, las entidades sociales reclaman la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda y el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda, como una oportunidad para asegurar la función social de la vivienda en todo el territorio y hacer frente a la necesidad de acceder a una vivienda digna, adecuada y accesible.