La próxima Ley de Vivienda que negocian PSOE y Podemos, y sobre la que ya habría un acuerdo, según han indicado fuentes de La Moncloa, contempla un precio regulado para los alquileres de viviendas en manos de los llamados ‘grandes tenedores’: empresas o personas físicas con más de diez viviendas.

Asimismo, establecerá que el IBI tendrá un recargo de hasta el 150% para aquellas viviendas que estén vacías, aunque esta decisión corresponderá a los ayuntamientos. En cuanto a los pequeños propietarios que tengan una vivienda en alquiler, la Ley ofrecerá incentivos fiscales en tanto se mantengan los precios.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunció que el Consejo de Ministros aprobará próximamente un bono/alquiler de 250 euros al mes durante un máximo de dos años para jóvenes de 18 a 35 años cuyos ingresos no superen los 23.725 euros.

El Gobierno, aclaró este martes, se dará un plazo de año y medio desde la entrada en vigor de la Ley forzada por Podemos para lograr la bajada de los precios de alquiler. Para ello deberá 'convencer' a comunidades autónomas y ayuntamientos, que son las administraciones con la mayoría de competencias sobe vivienda.

Rechazo de las comunidades

Como primera actuación, deben se estas administraciones las que declaren sus territorios como zonas 'tensionadas' (con altos precios) para que sean de aplicación las medidas que presenta la Ley. Por este motivo, aunque la normativa sea estatal, estará en mano de comunidades y ayuntamientos la aplicación de limitación de precios. En este sentido ya hay regiones que han mostrado su rotunda rechazo a esta norma que, opinan, va en contra de las leyes del mercado.

Uno de los que ha mostrado su rechazo a la Ley es el presidente de Murcia, Fernando López Miras, quien considera que la norma es expropiaria e intervencionista.

En términos similares se manifestó la patronal CEOE, para quien la Ley de Vivienda puede poner en peligro nuevas inversiones.