Si hace unos años se hablaba de la Ley de la Segunda Oportunidad como una salvación desconocida ya no sólo en Murcia, sino en toda España, esta situación ha ido poco a poco cambiando con el paso del tiempo y más en concreto a raíz de la aparición de la Covid-19. Desgraciadamente las consecuencias económicas de la pandemia han empujado a muchas personas a coquetear con las deudas o, en los casos más fatídicos, a caer en un estado de insolvencia del que no han logrado salir a pesar de su empeño y sus esfuerzos. 

Es ahí donde muchas personas han reparado en este mecanismo legal que, como otorga a aquellos deudores en bancarrota la posibilidad de que sus deudas sean canceladas y poder así iniciar una nueva vida, ha cobrado especial importancia en el último año y medio. Hasta el punto de que se está planteando una reforma para inicios del año 2022 de esta ley con el fin de acortar los tiempos procesales y que así los solicitantes se puedan beneficiar cuanto antes de la opción de cancelar sus deudas, técnicamente conocida como el “Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho” o “BEPI”. 

Y es que, desde fuera, todo parece apuntar que hay dos ideas a modificar sobre la mesa con esta nueva reforma. Una, acortar los procedimientos y prescindir de la parte notarial y del acuerdo extrajudicial de pagos (con la actual normativa había que celebrar un intento de acuerdo extrajudicial previo a la fase judicial, puramente enfocada en lograr el BEPI)  y otorgar la posibilidad de ir directamente a juicio; y dos, que ya no se podrán exonerar (perdonar) las deudas contraídas con la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Aunque esta última tesis no es del todo segura, tal y como podrán leer más adelante.

¿Qué cambios se van a introducir en este mecanismo tan de moda?

Si bien es cierto que esos dos cambios son los que más repercusión están generando, el economista y CEO del despacho especialista en este procedimiento, Abogados para tus deudas, se encargará de detallar cuáles son las otras modificaciones que también merecen la atención de todo solicitante que en algún momento pueda recurrir a este mecanismo legal. 

Él, Cristian Tanase, añade a las dos premisas ya comentadas otras reformas como “el reconocimiento del BEPI como un derecho, algo que coloca al deudor en una posición más ventajosa; la mayor posibilidad de salvar viviendas habituales con hipoteca, siempre y cuando están al corriente de pago y el valor de la hipoteca sea igual o superior al valor de mercado; la pretensión de proteger al deudor hasta el punto de presumir de la buena fe de éste, de tal manera que serán los acreedores los que tendrán que probar los actos de mala fe del solicitante y un mayor control del trabajo del Administrador Concursal”. 

Aunque, una vez citados todos estos cambios, prefiere detenerse en la “exclusión de exoneración de las deudas de la Administración Pública”, uno de los puntos que sin lugar a dudas más controversia está generando ya que no permitiría a aquellas personas insolventes librarse de las deudas contraídas con instituciones como la Hacienda Pública o la Seguridad Social.

Sin embargo y en contra de lo que popularmente se pueda pensar, Cristian Tanase cree que “probablemente esta decisión se pueda salvar con la interpretación de los Juzgados y los Tribunales, tal y como se ha hecho hasta la fecha”, pues no hay que olvidar que esta premisa estuvo relacionada con la Ley de Segunda Oportunidad desde su inicio hasta que más adelante tocó cambiar a raíz de las resoluciones judiciales que se venían dando a favor de la cancelación de este tipo de deudas.

Y es que el economista considera que “este endurecimiento respecto a las deudas con la Administración Pública debe ser fallido y deberá vencer la interpretación jurídica, apoyándose en la directiva europea y la jurisprudencia sentada en España”. Un cambio que de finalmente no producirse dejaría “una lectura muy positiva de esta reforma, ya que posibilitará que la exoneración sea concebida como un derecho” y que además “los trámites judiciales se puedan resolver en el menor tiempo posible”, ya que en la actualidad este tipo de procesos llegan a extenderse durante tres años en el tiempo.