El Congreso de los Diputados, por un lado, y el Tribunal Supremo y el Constitucional, por otro, han evidenciado sus discrepancias en torno a dos sentencias en menos de un mes, lo que ha puesto de manifiesto un choque inusual entre dos poderes del Estado.

Primero fue la sentencia que calificó de inconstitucional la suspensión de la actividad del Congreso durante las primeras semanas del primer estado de alarma la que levantó asperezas en la Mesa del Congreso, que había tomado esa decisión al inicio del confinamiento y siguiendo recomendaciones sanitarias.

Y en las últimas horas ha sido la sentencia del Tribunal Supremo que condena a pena de cárcel conmutable por una multa al diputado de Podemos Alberto Rodríguez por un delito de atentado a agentes de la autoridad, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

Una sentencia que la Mesa del Congreso, apoyada en un informe de los letrados de la Cámara, ha ejecutado manteniendo el acta a Rodríguez pese a los reproches y duras críticas del PP, Vox y Ciudadanos que aluden a otros fundamentos jurídicos.

Lo cierto es que la pugna entre dos poderes del Estado se ha hecho evidente en medio de las negociaciones que PSOE y PP están llevando a cabo para renovar los órganos constitucionales, entre ellos el Tribunal Constitucional, al que precisamente acuden habitualmente el PP y Vox para recurrir las leyes del Gobierno.

Ambos partidos, presentes en la Mesa del Congreso -con 3 miembros entre los dos-, critican que la mayoría formada por PSOE y Unidas Podemos decidiera en su momento suspender el Congreso durante el confinamiento o que intente "salvar" el escaño de uno de sus diputados en contra del criterio del Supremo.

En este último sentido, Ciudadanos -que no tiene voz ni voto en la Mesa del Congreso al no tener representación- coincide en el reproche de que los partidos que conforman la coalición quieran dar carta de naturaleza a un delito que es "impactante" para que Alberto Rodríguez "pueda seguir cobrando un sueldo".

De momento, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se enfrenta al requerimiento que le ha hecho el Tribunal Supremo para que le remita el informe sobre la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación impuesta a Alberto Rodríguez para la liquidación de su condena.