La pandemia que ha alterado casi todo desde hace 20 meses "arrasó" también con la producción normativa de las comunidades en 2020, debido a que las medidas adoptadas para reducir la extensión del coronavirus afectaron a los parlamentos autonómicos y a su ritmo de actividad habitual.

Lo asegura la profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo Paloma Requejo en el XXXI Informe de la Comunidades Autónomas del Observatorio de Derecho Público IDP, refiriéndose en su artículo al Principado de Asturias, pero es algo extensible a casi todas las comunidades.

Los catedráticos de Derecho Constitucional Eliseo Aja, de la Universitat de Barcelona, y Javier García Roca, de la Universidad Complutense de Madrid, afirman en la Valoración general del Estado autonómico de 2020 que abre este estudio, presentado esta semana en el Senado, que tan solo Castilla-La Mancha, con 11 leyes, y Navarra, con 22, mantuvieron el ritmo de años anteriores, mientras el resto oscilaron entre tres y siete leyes.

Por su parte, en la Región de Murcia se aprobaron seis leyes, la primera la de Presupuestos de 2020 y en agosto la que los modificó, junto a cuatro leyes ordinarias, todas en el segundo semestre.

Aumentan los decretos leyes

Para compensar las escasas leyes formales autonómicas fueron numerosos los decretos leyes dictados por los gobiernos autonómicos, con una media muy superior de entre 10 y 15, la mayoría igualmente relacionados con la pandemia.

La reducción de la actividad normativa de las autonomías fue paralela a la estatal, puesto que durante 2020 únicamente se aprobaron siete leyes ordinarias y tres orgánicas en las Cortes Generales.

También en el caso del Estado se produjo un crecimiento de la legislación gubernamental, con la aprobación de un decreto legislativo y nada menos que 39 decretos leyes, muchos de ellos con medidas urgentes para proteger la salud o reactivar la economía o el turismo.