En la Lonja de Cítricos de Valencia, la mayor de España en la venta de naranja, se están pagando las naranjas a quince céntimos de euro por kilo, cuando producirlo ya supone 0,30 €/Kg. Con la campaña recién comenzada, los agricultores lanzan un SOS y han decidido poner denuncias ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), un organismo dependiente del ministerio de Agricultura.
Los agricultores, a través de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) reclaman que se investigue y, en su caso, se sancionen las prácticas abusivas en aquellos contratos de compraventa de cítricos, sobre todo de naranjas de la variedad mayoritaria Navelina, que estipulan unos precios para el agricultor absolutamente ruinosos que no le permiten cubrir ni de lejos los costes de producción.
El temor es que el caso de la naranja no sea único y estos bajos precios se extiendan también a la mandarina.
Según el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) el coste de producción de naranjas es de 0,23 €/kg y de 0,28 €/kg en mandarinas, un coste que se habría incrementado este año en torno a un 30% -hasta los 30 céntimos- debido al encarecimiento de la energía eléctrica, los combustibles, los fertilizantes y los tratamientos que los citricultores se han visto obligados a aumentar para tratar de frenar plagas y enfermedades.
AVA-ASAJA urge al Gobierno a agilizar la investigación de estos abusos comerciales en un momento, además, en el que el Congreso de los Diputados acaba de aprobar una reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria que prohíbe la venta a pérdidas en todos los eslabones y que ahora mismo está bajo tramitación por parte del Senado. Para esta organización agraria, los bajos precios de las naranjas demuestran que los objetivos de la legislación no se reflejan en la realidad y, por eso, exige que la Ley de la Cadena evite de una vez por todas los abusos, impidiendo que los costes de producción que se toman como referencia para establecer precios no sigan dependiendo del poder de negociación de cada productor, porque eso le mantiene en una situación de debilidad, sino que sea un organismo público el que fije los costes de producción en cada eslabón de la cadena alimentaria.