La Comunidad Autónoma deberá devolver al Estado unos 90 millones de euros de los 143 que, procedentes de la Unión Europea y gestionados por el Gobierno central, debían haber ido a parar a pymes, micropymes y autónomos para hacer frente a los meses más duros de la pandemia.

Las ayudas a los autónomos podían alcanzar los 4.000 euros y hasta los 200.000 en el caso de las sociedades mercantiles. Sin embargo, las condiciones que imponía el Gobierno redujeron el máximo la posibilidad de solicitarlos y, por tanto, de obtenerlos.

Esta situación no ha sido exclusiva de Murcia y todas las comunidades, a excepción de Canarias y Baleares, tendrán que devolver fondos no repartidos. Serán 2.500 millones de los 7.000 que se había puesto a disposición de las autonomías para que estas administraciones formalizaran las convocatorias con las condiciones que dictaba el Gobierno de Pedro Sánchez.

Así, la complejidad burocrática impidió que los recursos fueran a las empresas, como recientemente denunció en la Asamblea Regional la consejera de Empresa, Valle Miguélez.

Entre las condiciones que se imponían figuraba que la facturación de la empresa o del autónomo en 2020 hubiese caído más de un 30% sobre el año anterior. También se condicionaban las ayudas a que el dinero se destinara al pago de nóminas, proveedores y préstamos bancarios, principalmente aquellos que tuvieran la garantía del ICO. Otra condición es que la empresa o el autónomo no tuvieran deudas con las Seguridad Social o Hacienda.

Cuando se formalizó la primera convocatoria y también en su prórroga, tanto desde el Gobierno regional como las asociaciones empresariales y de autónomos, se calificó este fondo de “caramelo envenenado”, pues ya se apreciaba la imposibilidad de acceder a ellos a la mayoría de los destinatarios en una situación económica difícil.

En plena crisis, las empresas priorizaron el pago de las nóminas, lo que las invalidaba para acceder a las ayudas. También se acumularon deudas o aplazamientos con Seguridad Social o Hacienda, lo que contravenía otra de las condiciones que imponía el Gobierno central. Y otro tanto ocurría con la devolución de créditos. “¿Qué crédito podía devolver si el banco no me lo había concedido?”, se quejaba abiertamente un empresario a este periódico.

Desde la Comunidad Autónoma se defienden e insisten en que la Administración regional ha hecho todo lo posible por repartir los fondos, “pero estábamos atados de pies y mano”, afirman desde la consejería de Economía.