El Consejo de Ministros ha enviado al Parlamento el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. El texto, presentado el pasado 26 de octubre, sería la primera norma que desarrolla el derecho constitucional a una vivienda digna.

Tanto la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, como la titular de Transportes, Raquel Sánchez, han resaltado que la futura ley consolida el "quinto pilar del Estado del Bienestar".

Raquel Sánchez ha afirmado que el Gobierno ha elaborado una ley "rigurosa, sólida, compacta y transversal" que blinda la función social que debe cumplir la vivienda y tiene vocación de perdurar en el tiempo. Además, ha reiterado que la motivación de la norma es responder a las necesidades de las personas y los hogares con más dificultades de acceso, como los jóvenes, que "han visto limitada su capacidad de poder emanciparse".

A juicio de la ministra, la ley es imprescindible porque el mercado se ha mostrado ineficaz para responder a la necesidad de estos colectivos: "Los poderes públicos tenemos que garantizar el derecho a la vivienda y evitar la especulación". Sánchez ha mantenido que "la ley no va en contra de los propietarios sino que va en contra de la especulación", protege sus derechos y reconoce sus obligaciones.

En la misma línea, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha considerado que esta primera ley de vivienda de la democracia permite comenzar a ordenar el sector inmobiliario y dejar atrás las burbujas inmobiliarias, la especulación y los pelotazos urbanísticos.

Belarra ha recordado que la crisis financiera de 2008 provocó miles de desahucios, que las cláusulas abusivas de las hipotecas endeudaron a muchas familias y que la burbuja posterior en el mercado del alquiler ha provocado que los precios de los arrendamientos hayan subido hasta un 50% entre 2015 y 2020. Esta situación, ha señalado, ha beneficiado a fondos de inversión y grandes propietarios mientras que ha comprometido la economía de una gran mayoría de las familias, que tienen que destinar buena parte de sus ingresos al alquiler o a las hipotecas.

"Por eso era hora de reequilibrar esa balanza, y por eso esta ley protege a los inquilinos, que son la parte más débil de la ecuación, se lo pone fácil a los pequeños propietarios y al mismo tiempo exige la necesaria corresponsabilidad a los grandes propietarios en la garantía del derecho a la vivienda", ha afirmado.

Competencias autonómicas

Raquel Sánchez ha expresado el "respeto absoluto" del Ejecutivo al informe preceptivo y no vinculante emitido el viernes pasado por el Consejo General del Poder Judicial, sobre el que ha hecho algunas consideraciones.
El Gobierno entiende que el ámbito del informe debe circunscribirse a los tres artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que se ven modificados a través de la nueva ley de vivienda. El Ejecutivo, ha añadido Raquel Sánchez, mantiene que delimitar el campo de actuación del Estado en la materia en aras a conformar parques públicos de vivienda y fijar patrones para proporcionar casas dignas y asequibles a los colectivos económicos más vulnerables no invade ninguna competencia autonómica.

Además, el proyecto de ley reconoce la capacidad y ofrece instrumentos a las administraciones territoriales competentes para que aprueben y complementen las medidas que estimen necesarias para hacer efectivo el derecho básico a la vivienda.

Ambas ministras han apelado a la responsabilidad de los distintos partidos políticos para que se apruebe esta iniciativa legal, que no va en contra de nadie y favorece al interés general. Además, las dos han agradecido el trabajo realizado por el conjunto de los ministerios que han participado en la elaboración de la norma.
Raquel Sánchez ha insistido en que es una ley histórica como las leyes de matrimonio igualitario, el aborto, la eutanasia o la dependencia.

Ione Belarra ha reconocido "el trabajo generoso, el empuje y compromiso" del movimiento social por la vivienda digna en defensa de un derecho de todos, como es el derecho constitucional a la vivienda.

Principales aspectos de la ley

Una de las medidas más destacadas es la relativa al parque público de vivienda social. Raquel Sánchez ha explicado que se somete a protección permanente "para que no pueda ser enajenado, como sucedió en el pasado". Por su parte, Belarra ha valorado que se imponga una reserva obligatoria del 30% de cualquier promoción a vivienda protegida y que de ese 30% el 15% tenga que ir a alquiler social, de modo que se pueda construir poco a poco un parque público de vivienda en consonancia con los países europeos. En Francia, ha puesto como ejemplo, hay siete veces más vivienda social que en España, y en Países Bajos su número se multiplica por doce respecto a nuestro país.

La oposición ya ha anunciado que recurrirá este proyecto de ley ante el Tribunal Constitucional.