En "la trimilenaria", como dice mi buen amigo Tomás Martínez Pagán, con el que tuve la oportunidad de coincidir y hablar largo y tendido sobre Cartagena en la elección del Premio Procesionista del Año, se vuelve a poner sobre la mesa, una vez más, el debate de la SANIDAD en nuestra comarca y sus evidentes carencias.

Si algo nos ha quedado claro tras la triste experiencia que hemos sufrido con el covid, es que debemos de hacer de nuestra sanidad pública y sus profesionales una bandera que debemos defender a toda costa.

Pero en cambio, y muy al contrario, ésta  ha resultado ser una semana de muy tristes noticias en el ámbito sanitario local que nos hace estar especialmente preocupados por como se está gestionando desde el Gobierno Regional de López Miras, los servicios públicos en Cartagena,  y más concretamente, los relacionados con la salud de las cartageneras y los cartageneros.

En lugar de aumentar el gasto sanitario, el presupuesto regional evidencia una clara reducción del gasto público en el Área de Salud II de Cartagena respecto al año 2021, como los datos así atestiguan. Y eso en una Región de Murcia donde ya se por si el gasto medio por habitante se encuentra muy por debajo de la media nacional, lo cual repercute directamente en un empeoramiento de la calidad de nuestros servicios sanitarios.

Además, asistimos estupefactos al desmantelamiento sistemático  de las prestaciones, como ejemplo,  las guardias localizadas y no presenciales en el hospital (que repercute directamente en los tiempos de atención a los usuarios), la falta de infraestructuras y de profesionales en centros de salud y consultorios donde no se cubren las bajas y vacantes, la escasez de medios materiales en muchos de ellos y un largo etc de despropósitos  que ponen de manifiesto una atención primaria muy alejada de las necesidades y la demanda de la ciudadanía de Cartagena.

Y es que los hechos, cuando hablan por si mismos, no necesitan palabras y para muestra un botón. Fue en el año 2016 cuando se aprobó la ley en el parlamento autonómico que exigía la apertura y puesta a disposición de los ciudadanos de Cartagena de la totalidad de los servicios e infraestructuras del Hospital Santa María del Rosell.  Sin embargo, a día de hoy no sólo no han cumplido con el compromiso, sino que está misma semana nos anuncian el cierre de la UCI del Rosell habilitada hace escasos meses sin mayor explicación que la de un punto y final.

En definitiva nos encontramos con un gobierno absolutamente incapaz que en vez de sumar resta, y en vez de invertir, desmantela, con el consabido perjuicio que ocasiona a Cartagena y sus vecinos.

Me pregunto hasta donde van a ser capaces de llegar con sus recortes, y me pregunto, además, dónde está nuestro gobierno municipal y por qué permiten este enésimo atropello. Estos problemas, que venimos arrastrando año tras año, requieren ya de una respuesta urgente de nuestra administración autonómica y es inmediato  ya dejar de confrontar con la ciudadanía y resolver de una vez por todas las reivindicaciones de una comarca que históricamente esta demandando la mejora de su sanidad sin que hasta el momento tenga respuesta.