José Ignacio Wert, el ministro de Educación que, vaya usted a saber por qué asociación de ideas aparte, su parecido físico cada vez recuerda más a Charles Montgomery 'Monty' Burns, propietario de la central nuclear de Springfield en la que gandulea Homer Simpson, no descarta modificar la normativa que proscribe la aportación de fondos públicos a colegios privados cuyo ideario incluye la separación del alumnado por sexos con el fin de que puedan seguir recibiendo las subvenciones tras la resolución del Supremo en sentido contrario.

Desde las comunidades autónomas, incluida la murciana, se han apresurado a afirmar que el dictamen judicial no les afecta sino exclusivamente a Cantabria y Andalucía, que recurrieron los conciertos. Vamos, como si el fallo emanara de un juzgado de paz o de cualquier instancia inferior en vez de ser obra y gracia del altísimo tribunal. Pelillos a la mar, han debido pensar los consejeros de educación populares embebidos al parecer en esa otra oleada diferenciadora que contempla por un lado a los escolares que darán buena cuenta en el comedor del cole de los macarrones con tomate servidos por la empresa de cátering correspondiente y, en la banda contraria, a los tiernos infantes que se sentarán a la mesa con la tartera de las croquetas maternas previo pago de un peaje aún por determinar.

El segregacionismo, junto con el negacionismo consistente en afirmar una cosa hoy y mañana la opuesta, se ha convertido en la corriente imperante y se ha colado en nuestras vidas y haciendas sin llamar a la puerta. Aparte la acepción de exclusión y marginación con que la Real Academia de la Lengua Española define el término "segregar", está la segunda derivada que alude a excretar, secretar y expeler. Bilis, mala baba, sudor frío y demás humores corporales es lo que segregamos, excretamos y expelemos cuando, pongamos por caso, nos enteramos de que el ministro de Economía Luis de Guindos, uno de los más conspicuos encargados de mantenernos amarrados al potro de tortura por nuestro bien, ha comprado un ático en una urbanización de lujo por 600.000 euros. Un chollo habida cuenta lo que hace unos años costaba el pisete adquirido casualmente en vísperas de la subida del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y una ofensa para todos los que las están pasando canutas y a los que a duras penas les llegan los ingresos para pagar la hipoteca o para afrontar el alquiler de la vivienda. Una operación mercantil tan legal como antiestética que ahonda la sima existente entre los poderosos que administran la miseria y los administrados que la soportan. En definitiva, una vuelta de tuerca más en orden a la segregación que está provocando la extinción de la clase media, la que consume y paga sus impuestos, a una velocidad superior a la del lagarto ocelado.

Menos mal que en medio de tanto llamamiento a asumir la penuria con entereza espartana y los sacrificios con resignación cristiana el Gobierno ha decidido reducir de 600.000 a 500.000 euros al año las retribuciones de los directivos y consejeros con funciones ejecutivas en los bancos que reciban ayudas públicas. Todo un detalle contable que nos enternece hasta la lágrima provocada por la carcajada histérica. ¿Medio millón de euros de sueldo para muchos de aquellos que de una u otra forma han contribuido activamente a dejarnos sin resuello y que en el tránsito se han forrado el riñón como quien tapiza el sofá del salón? Es tal la segregación entre la ficción y la realidad actualmente en vigor que ya resulta imposible discernir entre lo que podría ser una muestra de sensibilidad solidaria o de justicia distributiva y lo que se asemeja a una flagrante tomadura de pelo con cargo al erario. Es decir, a usted.

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