El Ejecutivo regional rechaza la imposición de sistemas de pago por el uso de las carreteras regionales propuesta por el Gobierno central, ya que “lastraría la competitividad de las empresas de la Región de Murcia en un momento económico tan delicado como el actual”.
Así lo puso de manifiesto este viernes el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, durante su visita a las instalaciones de la empresa de transportes El Mosca, donde informó de las alegaciones presentadas por su departamento al Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible que promueve el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Díez de Revenga resaltó que la propuesta de peajes “carece de criterios de carácter social y económico para su determinación” y alertó de que afectará en la Región a 26.385 camiones y a 6.800 empresas y autónomos dedicados al sector del transporte de mercancías y de la logística.
Asimismo, el consejero mostró su desacuerdo respecto a la propuesta ministerial “que traslada a las comunidades autónomas la financiación de la cohesión territorial que debe prestar la Administración General y cargarnos con el deber de pagar las Obligación de Servicio Público (OSP), como es el caso del vuelo desde la Región de Murcia a Madrid”.
“Los servicios de transporte de competencia estatal tienen que ser asumidos por el Estado en su totalidad”, reivindicó el titular de Fomento. Además, calificó de “incongruente” que las autonomías no tengan la condición de beneficiarias de las subvenciones para el transporte público contenidas en el futuro Fondo Estatal para el Sostenimiento de la Movilidad y propuso que “se incluya tanto a las autonomías como la financiación del transporte metropolitano que prestan de manera habitual”.
Exceso de burocracia
“El texto legal contiene un exceso de burocracia y la innecesaria creación de órganos e instrumentos de planificación, 15 en total, que lejos de agilizar y dotar de mayor eficacia a las políticas, crearán mayor confusión y dificultades a la ciudadanía y a las empresas”, lamentó el consejero.
Díez de Revenga consideró “inasumible” el esquema organizativo diseñado por el Gobierno central “en un momento económico que requiere de una mayor eficiencia y racionalización del gasto público en beneficio del sector privado y de las economías familiares”.
