Siete meses después de su entrada en vigor, la aplicación de la modificación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria aprobada el pasado 2 de diciembre de 2021 ha tenido escasos efectos sobre el funcionamiento del mercado agroalimentario y los productores agrarios ven como los precios en origen siguen cayendo, mientras que al consumidor se le dispara la cesta de la compra. "La Ley de la cadena sigue sin funcionar y sin dar respuesta a los abusos comerciales". Así lo valora la organización agraria Asaja.
En el caso de los cítricos, las primeras operaciones de compraventa que se están produciendo de cara a la próxima campaña citrícola establecen unos precios en origen que se sitúan hasta un 30% por debajo de los costes medios de producción. En el caso de la naranja Navelina ofrecen precios en torno a 0,21 euro/kg, mientras que los gastos que supone el cultivo de la naranja superan los 0,32 euros/kg, después de haber aumentado estos últimos un 40% en dos años.
Cae el consumo de frutas
Esta situación, consideran en Asaja, se extiende a buena parte de los productos perecederos y afecta de forma especial a prácticamente todas las frutas y hortalizas. Los productores de Murcia denuncian que sandias, lechugas y albaricoques, entre otros, triplican sus precios del campo al mercado y desde la organización en otras provincias como Alicante se advierte de un desplome del consumo de fruta debido a que el diferencial entre el precio cobrado por los agricultores y pagado por el consumidor ha alcanzado “unos niveles alarmantes” que se sitúan en torno al 1000%, cuando lo habitual es del 300%. “Este desplome del consumo ha sido confirmado por la propia la propia Organización de Consumidores y Usuarios (OCU): uno de cada cinco consumidores admite haber dejado de comprar alimentos frescos como carne, pescado, frutas y verduras”.
En opinión de Asaja, esta Ley de la Cadena Agroalimentaria debe ser mejorada con el fin de corregir estas deficiencias “que perjudican gravemente tanto a productores como a consumidores. Por ello, seguimos insistiendo, en la necesidad de contar con índices de precios referenciados que contemplen los costes de producción de cada alimento y que no se permita la venta por debajo de dichas referencias”.