El 8 de septiembre se reúne el Consejo de Gobierno del BCE con una más que previsible subida de tipos sobre la mesa, que se uniría a la subida del 0,5% que aprobó en su reunión del pasado 21 de julio. A pesar de que esta nueva subida cuenta con la oposición del bloque de los países del sur y amenaza con convertirse en un germen de polémica con los países del centro y norte de Europa, la inflación en la zona euro no da tregua y alcanzó en agosto el 9,1%, multiplicando por más de cuatro el objetivo del BCE. De igual manera, la inflación subyacente (aquella que elimina el impacto de los precios de la energía, alimentos frescos, alcohol y tabaco) escaló hasta el 4,3%. Otro argumento a favor de la subida de tipos es la devaluación del euro frente al dólar. Al otro lado del Atlántico, desde el mes de marzo, la Reserva Federal ha subido sus tipos en cuatro ocasiones hasta el 2,25%. La diferencia de tipos sigue motivando la afluencia de flujos de capital a la zona dólar en busca de una mayor remuneración y refugio en tiempos de incertidumbre, con la consiguiente apreciación del dólar frente al euro, lo que a su vez eleva la factura europea porque los combustibles se pagan en dólares.

El miedo a una desaceleración del crecimiento económico ha retrasado la decisión de subir tipos en la zona Euro porque la inflación no se debe exclusivamente a un exceso de dinero en la economía, consecuencia de las últimas políticas monetarias expansivas que empujan la demanda agregada, sino que tiene la peculiaridad de que la mayor parte proviene de la escasez de oferta de algunas materias primas, microchips y, principalmente, por la dependencia del gas ruso, que presiona los precios al alza del coste de la energía en general. Tanto es así que fabricas de toda Europa están comenzando a cesar la actividad o reducir su producción porque con los actuales precios de la energía no les salen las cuentas. Por tanto, aunque la subida de tipos pueda implicar un freno al consumo de las familias y a la inversión y producción empresarial, no intervenir revalorizaría aún más el dólar con el consiguiente efecto en una factura energética ya de por sí disparada.

En este contexto, parece que más tarde o más temprano la restricción monetaria y la disciplina fiscal que defienden los halcones del centro y norte de Europa acabarán imponiéndose a las prioridades de las palomas del sur, más proclives al dinero abundante y barato y al aumento del gasto público.

De una u otra manera, los fantasmas de anteriores crisis económicas sobrevuelan Europa. Llegados a ese punto, como suele ser habitual, no todos los países tienen el mismo margen de maniobra para reducir el sufrimiento de sus compatriotas. Por ejemplo, mientras que halcones del centro y norte de Europa como Alemania, Países Bajos, Finlandia y Suecia cerraron el 2021 con una deuda pública del 68,7%, 54,3%, 65,8% y 36,7% de su PIB, las palomas del sur como Italia, Portugal y España lo hicieron con niveles de deuda del 150,8%, 127,4% y 118,4% de su PIB, respectivamente. Y es que, aunque llama la atención el nivel de la deuda pública italiana, conviene recordar que ya en el cierre del año 2000 su deuda era del 109%, muy lejos del 57,8% de España y el 54,2% de Portugal en esa fecha. Todo ello, es debido a una ‘especie de cultura’ del aumento del gasto público de los países del sur, necesaria en algunos periodos, pero que parece que vino un día de invierno buscando el sol y se quedó para siempre.

El déficit público consecuencia del desequilibrio presupuestario es una constante que alimenta la deuda de los países del sur, gastan más de lo que ingresan sistemáticamente. Cuando los tipos de interés están al 0% o en negativo, como no hace tanto tiempo, la deuda pública no es problema, pero cuando cambia la tendencia, y sube el precio del dinero, es una losa difícil de aguantar que implica directamente recortes de gasto público, pues el pago de intereses computa en el presupuesto público por delante de cualquier otro gasto, por importante que sea (Art. 135 CE). Si a eso le añadimos que cada vez se parte de unos niveles de deuda más elevados, esto implica no sólo que el mercado exige un rendimiento superior a las emisiones de deuda de países menos endeudados, prima de riesgo, sino que el propio margen para el incremento del endeudamiento en momentos de crisis se reduce.

Con el telón de fondo de un inflación que no descansa, la previsión de subida de tipos y un historial de déficit y deuda pública elevados, el 26 de julio, el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó el límite de gasto no financiero (techo de gasto) del Estado para 2023, que asciende a 198.221 millones de euros, un 1,1% superior al de 2022. El techo de gasto se compone de la estimación de los ingresos no financieros y el objetivo de déficit (déficit permitido). Los ingresos no financieros tienen como componentes principales los de naturaleza tributaria y los que tienen origen en transferencias de Fondos Europeos a recibir en 2023 (FFEE estructurales, NextGeneration EU y REACT-EU). Para el cálculo de los ingresos tributarios el gobierno ha considerado que nuestra economía crecerá en 2023 un 2,7%, cifra que ha sido corregida a la baja por organismos económicos nacionales e internacionales. Así, el FMI, la AiRef y FUNCAS han reducido las previsiones de crecimiento de nuestra economía al 2% para 2023, mientras que BBVA Research lo sitúa en el 1,8%.

El Consejo de Ministros también acordó el 26 de julio el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales, en línea con la decisión de la Comisión Europea de mantener activada la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento también para 2023, medida que ya se incluyó en años anteriores para amortiguar los efectos de la COVID-19 y que ahora se introduce con motivo de minorar el coste derivado de las consecuencias de la guerra en Ucrania. La suspensión de las reglas fiscales supone que no existen objetivos de estabilidad ni para el conjunto de la Administración Pública ni para cada uno de los subsectores que la componen (Administración Central, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Seguridad Social), aunque son sustituidos por unas tasas de referencia de déficit. Con esas, la previsión del Gobierno es que el déficit del conjunto de la Administración Pública se sitúe en 2023 en el 3,9% del PIB. En la práctica, las tasas de referencia de déficit no operan como objetivos de estabilidad (límites máximos), las reglas fiscales están suspendidas. Por lo tanto, que se cumpla la previsión del gobierno del déficit para el conjunto de la Administración no sólo dependerá de que se cumplan las expectativas económicas, sino también de que las CCAA y CCLL ajusten sus techos de gasto a las tasas de referencia de déficit fijadas por el Gobierno.

Los días 27 y 28 de julio el ministerio de Hacienda y Función Pública comunicó a las CCAA y CCLL las cantidades procedentes del sistema de financiación autonómico y el sistema de financiación local para 2023. Las CCAA recibirán del sistema de financiación autonómico 134.335,6 millones de euros, 26.130 millones más que en el ejercicio 2022, mientras que las CCLL percibirán 23.035 millones de euros, 1.100 millones de euros más respecto al 2022.

Perfecto. Ya tiene toda la Administración los datos necesarios para la elaboración de sus presupuestos de 2023.

¿Y qué pasa con el medio y largo plazo? ¿qué va a ser de nosotros cuando se desactive la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que tiene congelados los requisitos presupuestarios?

“El Pacto de Estabilidad y Crecimiento es un conjunto de normas para la coordinación de las políticas presupuestarias nacionales en la UE. Su objetivo es garantizar unas finanzas públicas saneadas, que son necesarias para asegurar la estabilidad de los precios e impulsar un crecimiento sólido y sostenible que conduzca a la creación de empleo. El Pacto consta de dos vertientes: la preventiva y la correctora. La vertiente correctora intenta garantizar que los países de la UE adopten medidas correctoras si su déficit presupuestario nacional o su deuda pública superan los valores de referencia del 3% y el 60% del PIB, respectivamente, que figuran en el Tratado”.

Mucho me temo que más pronto que tarde veremos aterrizar en nuestro país a los muy temidos hombres de negro.

Pedro Soto es economista, Catedrático en la Universidad de Murcia