El Consejo de Estado considera que los altos cargos del Banco de España, como el gobernador, y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) no están obligados a comparecer en Las Cortes Valencianas, ya que estas carecen de potestad para fiscalizar la actuación de órganos ajenos.

Así lo establece un informe del Consejo de Estado  elaborado a petición del Banco de España y del Frob, después de que varios directivos de ambas instituciones rechazaran la petición de Las Cortes de que comparecieran ante la comisión de investigación sobre la intervención de la CAM por el Banco de España.

Los directivos del Banco de España excusaron su asistencia por entender que ningún alto cargo o empleado del Banco de España debe hacerlo, al tratarse de una actuación sobre la que no cabe otro control parlamentario que el de las Cortes Generales y que tienen deber de reserva sobre la información que manejan.

Asimismo, los directores generales del Frob alegaron que no están sujetos al ámbito de actuación de las comisiones de investigación que se puedan crear en el seno de los Parlamentos autonómicos.

Ante esa negativa, los servicios jurídicos de Las Cortes elaboraron un informe en el que advirtieron de que el Código Penal sanciona a los que no atienden los requerimientos de estos órganos parlamentarios, con independencia de su cargo, quienes podrían ser acusados de un delito de desobediencia.

La comisión de investigación sobre la CAM remitió el informe a esos comparecientes y les apercibió de su deber de someterse a las preguntas de los grupos parlamentarios, ante lo que el Banco de España y el Frob pidieron un dictamen al Consejo de Estado al respecto, que ya ha sido remitido al Parlamento valenciano.

El Consejo de Estado concluye que "no resulta obligado" atender los requerimientos de comparecencia y de información dirigidos a determinadas autoridades y personal del Banco de España y del Frob por parte de la comisión de investigación de la CAM.

El dictamen resalta que el control parlamentario de los Parlamentos regionales debe circunscribirse a la actuación de los órganos y autoridades de la propia Comunidad autónoma, sin que pueda alcanzar a órganos y autoridades ajenos a su ámbito de competencia.

Respecto al principio de colaboración entre el Estado y las autonomías alegado por Las Cortes, el Consejo de Estado señala que no es aplicable en este caso, donde existe la posibilidad de interferencia entre competencias y potestades que han de desenvolverse en su propio ámbito.

Por tanto, el dictamen entiende que, al no tener esas autoridades del Banco de España y del Frob, en tanto que órganos ajenos al ámbito competencial de la Comunidad, la obligación de comparecer en Las Cortes, "no se advierte incumplimiento de un deber de comparecencia".

Respecto a la documentación requerida, como por ejemplo la referida a las inspecciones de la CAM, el Consejo de Estado no aprecia incumplimiento del deber de cooperación y asistencia entre Administraciones, pues no corresponde al ámbito competencial de la Comunidad y legalmente debe recaer el deber de secreto sobre ella,

El dictamen va acompañado de una carta del gobernador del Banco de España, Luis María Linde, quien pide que, en consonancia con el dictamen, se transmita "la imposibilidad" de atender las solicitudes de comparecencia y de documentación planteadas.

Entre quienes habían rehusado comparecer en Las Cortes figuran el entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, los ex directores del FROB Mariano Herrera y Julián Atienza, o la ex directora general del Tesoro y Política Financiera Soledad Núñez.

Las comparecencias ante esta comisión se iniciaron en mayo y se retomarán a partir del 24 de septiembre, tras las vacaciones parlamentarias.