El juicio contra Pedro Antonio Sánchez, exalcalde de Puerto Lumbreras y expresidente de la Comunidad Autónoma, se ha llevado una grata sorpresa en el juicio que hoy ha comenzado por el ‘caso Auditorio'. El fiscal ha rebajado en dos años la petición de prisión al retirar la acusación de un delito de fraude en subvenciones. La misma ‘rebaja’ supone que la eliminación de la pena de multa de seis millones de euros.

Si bien el fraude de subvenciones no le sería imputable al actuar como representante del ayuntamiento de Puerto Lumbreras y no como un particular -según jurisprudencia del Tribunal Supremo-, el fiscal mantiene una acusación por delitos de prevaricación y fraude a la administración, por lo que la pena que se le solicita es de dos años y medio de prisión.

Los hechos por los que se le juzgan comenzaron en 2015, cuando Sánchez encargó al arquitecto Martín Lezárraga la construcción de un auditorio en Puerto Lumbreras, algo que no había salido a concurso. Asimismo, la parcela elegida no era propiedad municipal, con lo que se obtendría una subvención pública para su contratación. 

A partir de ahí se irían sucediendo diversas irregularidades como aportar certificaciones de obra por un valor superior al estimado, o que las obras fueran recibidas por el Ayuntamiento sin que hubiesen finalizado. En su momento justificó esta recepción por la explicación de que lo hacía para no perder la subvención.