El expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana se enfrenta a una petición fiscal de 19 años de prisión y una multa de 40 millones de euros por el supuesto cobro de comisiones ilegales y blanqueo de capitales tras la privatización de ITV y por las autorizaciones para instalar parques eólicos. Las comisiones habrían sido pagadas a través de la empresa Sedesa, propiedad de la familia Cotino, que fue la adjudicataria de las inspecciones técnicas de vehículos y la instalación de aerogeneradores.

El fiscal anticorrupción considera que el también exministro de Trabajo es el responsable de una trama compuesta por quince personas. A todos les reclama 20,6 millones de euros por ‘mordidas’ que ingresaban en cuentas de paraísos fiscales.

Eduardo Zapana, que ya pasó un año en prisión provisional por este caso, llamado 'operación Erial', se sentará en el banquillo junto a Joaquín Barceló Llorens (testaferro), los empresarios Vicente y José Cotino Escrivà, el también expresident de la Generalitat Valenciana y expresidente de Bancaja, José Luis Olivas, y las empresas Costera del Glorio, Medlevante, Gesdesarrollos Integrales, Turnis Sylvatica y Dobles Figuras, entre otros imputados.

Zaplana fue puesto en libertad por el riesgo a que empeorara su salud al padecer leucemia.

La juez instructora, Isabel Rodríguez, aprecia que existía una trama organizada para mover las comisiones ilegales, para lo que se habría creado una red de sociedades y cuentas en el extranjero y en España para mover los fondos y realizar inversiones.