La reunión ordinaria del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Cartagena, que se ha celebrado en la mañana de este jueves, ha resultado especialmente agitada debido a la concentración realizada por los miembrios del Comité de Empresa que, junto a los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, han exigido la dimisión de su presidenta, Yolanda Muñoz.

Así, previamente y durante la celebración del Consejo, se han manifestado en la puerta de la sede de la Autoridad Portuaria, en la Plaza de Héroes de Cavite, con una gran pancarta en la que se podía leer 'Presidenta dimisión'.

Del mismo modo, a través de un comunicado dirigido "a la opinión pública", han detallado extensamente los motivos por los que reclaman el cese de Muñoz, entre los que destaca "su política de privatización", "mantener la precariedad en el empleo" o "su falta de respeto a los derechos de los trabajadores".

A continuación, el listado completo de causas que expone el Comité de Empresa:

• Por su política de privatización, contratando a empresas privadas para que realicen los trabajos que todavía realizan los trabajadores de la APC. Derrochando dinero en empresas privadas para trabajos que ya se pagan a nuestros trabajadores.
   
• Por su conducta antisindical ignorando a los representantes de los trabajadores.
   
• Por el despilfarro de dinero público en obras innecesarias para la actividad portuaria.
   
• Por sancionar y represaliar a un técnico que detectó conflicto de intereses en una auditoría de pliegos de licitaciones y que se negó a firmar un informe técnico de una licitación que favorecía a una empresa que no presentaba la mejor oferta.
   
• Por mantener la precariedad en el empleo y la arbitrariedad en los contratos temporales.
   
• Por contratar asistencias “técnicas” que ningunean a los técnicos de la APC malgastando dinero público.
   
• Por su falta de respeto a los derechos de los trabajadores.
   
• Porque los trabajadores de la APC han perdido casi 40 mil euros de productividad que correspondían al año 2019 según lo pactado en el convenio colectivo estatal y no haber justificado en qué se han gastado ese dinero.
   
• Por no fomentar el teletrabajo, ni en casos de prevención de contagios por covid, ni por conciliación familiar.
   
• Porque los trabajadores de la APC han perdido sus derechos consolidados durante años.
   
• Por el recorte de ayudas sociales a los trabajadores de la APC.
   
• Por abandonar el servicio de Policía Portuaria al reducir su plantilla y demorar la firma de contratos de sustitución.
   
• Por actuar de forma arbitraria con la contratación de los trabajadores y no respetar la igualdad de las personas, vulnerando la Constitución.
   
• Por discriminarnos con los trabajadores de otros puertos con los días de descanso.
   
• Por su despótica actitud que ha generado el peor clima laboral en cuarenta años en la APC.
   
• Por utilizar su puesto de responsable de la Administración para actuar políticamente.