Entre 1999 y 2011, un total de 19 entidades emitieron 22.500 millones de euros en este tipo de participaciones
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tiene previsto sancionar al 58% de las entidades que han emitido participaciones preferentes, según ha indicado hoy el presidente del supervisor bursátil, Julio Segura.
A los siete expedientes ya en curso se añadirán dos en septiembre y otros dos antes de que acabe el año, según ha dicho, con lo que once de las diecinueve entidades que emitieron en España participaciones preferentes serán sancionadas.
El presidente de la CNMV ha indicado que estas 19 entidades habían emitido entre 1999 y mayo de 2011 un total de 22.500 millones de euros en participaciones preferentes, y a las once entidades sancionadas corresponde la mitad de esa cifra.
En una rueda de prensa en la que ha hecho balance de sus cinco años y medio al frente del supervisor bursátil, un mandato que concluye el próximo 6 de octubre, Segura ha asegurado que el organismo habría tenido que incumplir la legislación vigente para evitar la colocación de participaciones preferentes entre inversores minoristas o no cualificados.
Segura ha explicado que la actual legislación vigente impide cualquier limitación sobre la venta de este tipo de productos a pequeños inversores siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos de transparencia.
Segura ha indicado que desde algunos sectores "se ha exigido" a la CNMV que incumpla la ley, cuando lo correcto sería modificarla, bien la española o bien la comunitaria.
La CNMV ha cumplido, a su juicio, con sus obligaciones respecto a la transparencia y las comunicaciones a los inversores, y los problemas han surgido, en su opinión, en la deficiente comercialización por parte de los emisores.
Todas las emisiones de preferentes llevadas a cabo en España cumplían con los requisitos y condiciones necesarias para su puesta en circulación, por lo que los problemas han surgido por la comercialización y venta de estos productos, según Segura.
En algunos casos no se han llevado a cabo los test de conveniencia, o la autorización del inversor no es documentable, e incluso se ha dado el caso de que ha habido problemas en el cumplimiento de las órdenes.
El presidente de la CNMV ha señalado también que estos expedientes tienen sobre todo un efecto sobre la reputación de las entidades y ha explicado que las sanciones tienen un propósito de disciplina de mercado más que de compensación a los inversores.
La CNMV no tiene competencias en este sentido, ya que esa facultad legal corresponde a los tribunales de justicia.
A los siete expedientes ya en curso se añadirán dos en septiembre y otros dos antes de que acabe el año, según ha dicho, con lo que once de las diecinueve entidades que emitieron en España participaciones preferentes serán sancionadas.
El presidente de la CNMV ha indicado que estas 19 entidades habían emitido entre 1999 y mayo de 2011 un total de 22.500 millones de euros en participaciones preferentes, y a las once entidades sancionadas corresponde la mitad de esa cifra.
En una rueda de prensa en la que ha hecho balance de sus cinco años y medio al frente del supervisor bursátil, un mandato que concluye el próximo 6 de octubre, Segura ha asegurado que el organismo habría tenido que incumplir la legislación vigente para evitar la colocación de participaciones preferentes entre inversores minoristas o no cualificados.
Segura ha explicado que la actual legislación vigente impide cualquier limitación sobre la venta de este tipo de productos a pequeños inversores siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos de transparencia.
Segura ha indicado que desde algunos sectores "se ha exigido" a la CNMV que incumpla la ley, cuando lo correcto sería modificarla, bien la española o bien la comunitaria.
La CNMV ha cumplido, a su juicio, con sus obligaciones respecto a la transparencia y las comunicaciones a los inversores, y los problemas han surgido, en su opinión, en la deficiente comercialización por parte de los emisores.
Todas las emisiones de preferentes llevadas a cabo en España cumplían con los requisitos y condiciones necesarias para su puesta en circulación, por lo que los problemas han surgido por la comercialización y venta de estos productos, según Segura.
En algunos casos no se han llevado a cabo los test de conveniencia, o la autorización del inversor no es documentable, e incluso se ha dado el caso de que ha habido problemas en el cumplimiento de las órdenes.
El presidente de la CNMV ha señalado también que estos expedientes tienen sobre todo un efecto sobre la reputación de las entidades y ha explicado que las sanciones tienen un propósito de disciplina de mercado más que de compensación a los inversores.
La CNMV no tiene competencias en este sentido, ya que esa facultad legal corresponde a los tribunales de justicia.
