El Gobierno regional apoyará a los sectores empresariales de la Región afectados por el impuesto a los envases de plástico, aprobado por el Gobierno de España. Una medida que entrará en vigor el próximo 1 de enero “a pesar de las moratorias que se han solicitado durante los últimos meses desde los diferentes estamentos del Gobierno regional y asociaciones perjudicadas”, señalaba la CARM.

La directora general de Agricultura, Remedios García, se reunió la mañana de ayer con los representantes de las asociaciones Agrupal, Proexport, Apoexpa, Fecoam y Asemuplast, las cuales observarán como sus asociados “se van a ver directamente afectados por la inminente entrada en vigor del nuevo impuesto al plástico aprobado por el Gobierno de España”, indicó. Se trata de una nueva tasa sobre envases no reutilizables que contengan plástico.

Remedios García recordó a los representantes de estas asociaciones que “desde el Gobierno regional se ha reivindicado en numerosas ocasiones que se prorrogue la entrada en vigor de esta medida. Una vez más nuestras empresas se enfrentan a una situación de desventaja competitiva tanto con respecto al resto de empresas de la Comunidad Económica Europea, como de otros que no lo son”.

“Las empresas llevan meses soportando una grave situación económica provocada por la subida de los costes energéticos, así como de los precios de los insumos. La entrada en vigor de este impuesto supone incrementar aún más la presión fiscal sobre las empresas agroalimentarias. Es importante recordar que el impuesto al plástico va a recaer directamente sobre el consumidor final, el cual se enfrenta a una inflación de 6,8 por ciento y a una subida de los precios de la alimentación en el mes de noviembre del 15, 3 por ciento”, argumentó la titular de Agricultura, Industria Alimentaria y Cooperativismo Agrario.

El impuesto sobre envases de plástico no reutilizables “gravará con 0,45 euros cada kilogramo de plástico que contengan los productos que compramos. Este impuesto a los envases de plástico supondrá unos ingresos para el Estado del orden de los 2.000 millones de euros anuales”, decía la directora general.