Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2023 eran aprobados, de manera definitiva, esta mañana en la Asamblea Regional tras el voto previo a las modificaciones parciales por los distintos grupos parlamentarios. La ley conseguía 23 votos a favor del PP, incluidos de los diputados expulsados de Cs y de Vox, 19 en contra y una abstención.

Los diputados de Ciudadanos que forman parte del Grupo Mixto, Ana Martínez Vidal y Juan José Molina, votaban en contra de las instrucciones de la dirección del partido, a pesar de que se abstuvieron en la votación preliminar de la cuenta general,  el pasado 2 de diciembre, y del acercamiento al Presidente regional que mostraron en la negociación de sus enmiendas.

Los propuestas presentadas esta mañana por los grupos parlamentarios han sido votadas una a una tras el debate parlamentario, que ha estado enfocado principalmente en las actuaciones del Gobierno central que en los Presupuestos autonómicos de 2023. Estas cuentas de la Comunidad Autónoma para 2023 ascienden a 6.029 millones de euros, casi un 10% más que las del año anterior.

El presupuesto presentado alcanza los 6.029,6 millones de euros, lo que supone 597 millones más que el de este ejercicio, para lograr la mayor rentabilidad social y económica. Así, se destina a Salud 2.358 millones; 1.797 a Educación; y 754 a políticas sociales, lo que supone 4.909 millones para servicios básicos, una subida de 424 millones con respecto al presupuesto del presente ejercicio y 1.035 más en esta legislatura. Asimismo, las cuentas también hacen incidencia en la libertad económica y potencia la inversión en economía productiva con 697 millones.

El Gobierno regional, para conseguir que el proyecto de los presupuestos saliera adelante, ha necesitado el voto  de los diputados expulsados de Ciudadanos y de Vox, que han mostrado su total adhesión a las propuestas contempladas en el Proyecto de Ley, mientras que el única parlamentario de Vox ha criticado la política de atención a los inmigrantes.

Los portavoces del PSOE y Podemos han criticado especialmente las bonificaciones fiscales en los Impuestos de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones.