Los 52 diputados del grupo de Vox en el Congreso han registrado ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la Ley que reconoce la personalidad jurídica al Mar Menor. Según esta formación, la Ley 19/2922 de 30 de septiembre “atenta contra numerosos preceptos constitucionales “ y genera “una gran inseguridad jurídica debido a la vaguedad de los conceptos incluidos en la norma”.

Así, el texto remitido al alto tribunal señala que la ley infringe, en primer lugar, “el sistema constitucional de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas” ya que, como explica el recurso, “el objeto de la Ley que no es una norma básica de protección del medio ambiente aplicable a la totalidad el territorio nacional” y, por tanto, no correspondería al Estado su redacción. Se vulneran así los artículos 148.1.9 y 149.1.23 de la Carta Magna.

El presidente del partido en la Región, José Ángel Antelo, ha afirmado que, de esta manera, Vox  vuelve a cumplir con su palabra. “La ILP es una de una ley comunista que atenta contra la libertad de empresa, contra aquellos que nos pagan el sueldo, es decir, el sector agroalimentario, y acaba con la propiedad privada en el entorno del Mar Menor, generando así un ente paralelo que será quien decida qué hacer”.

Antelo, quien ha estado acompañado por numerosos cargos electos y orgánicos del partido, ha recordado que Vox es el partido que más defiende al Mar Menor “porque hablamos de las causas reales. La ILP es una aberración jurídica y supone un grave perjuicio para todo el sector económico de la zona”.

Además, la ley dota  de personalidad jurídica “sujeta a los derechos de protección, conservación, mantenimiento y restauración” a un lugar. El recurso de Vox incide en la grave vulneración de los principios de seguridad jurídica y legalidad sancionadora, al referirse con vaguedad a derechos y sanciones, sin especificar qué acciones violarían esos supuestos derechos ni cómo deben, en su caso, ser sancionadas. Frente al mandato constitucional, que señala que debe garantizarse la seguridad jurídica -es decir, que las normas tengan un contenido concreto y definido- esta norma del Mar Menor no especifica qué conductas concretas infringen los ‘derechos del Mar Menor’ generando así una situación de incertidumbre para “todos aquellos actores públicos o privados que realicen alguna actuación en el Mar Menor y su entorno”.

Desde esa formación se recalca, además, que el artículo 4 del texto contempla “responsabilidad penal, civil, ambiental y administrativa”. Como recuerda el recurso de los diputados de Vox, “la ley Sánchez del Mar Menor está vulnerando, por tanto, el artículo 81.1 de la Constitución”.

Para más gravedad, tampoco aparecen determinadas las posibles infracciones, ni la mayor o menor gravedad de las mismas, ni las sanciones correspondientes. “Es decir, una completa vaguedad que conduce a la inseguridad jurídica que atenta contra la Constitución”. Por ello reclaman al Tribunal que acepte el recurso y declare la inconstitucionalidad y nulidad de la ley del Mar Menor.