Los regantes de la Región de Murcia, convocados por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (Scrats), volverán a concentrarse este martes junto al Palacio de la Moncloa, de 10 a 16:30, durante la celebración del Consejo de Ministros, en defensa de esta infraestructura.

"Hace unas semanas gritábamos frente a las puertas del MITECO y a una sola voz 'sin trasvase, desierto y paro' y ahora, una vez más, solo juntos podemos luchar para lograr que el Consejo de Ministros comprenda la gravedad de una decisión que aboca al levante español a un futuro que se desvanece, fruto de la insostenibilidad de los recortes del Trasvase", explican desde el sindicato.

El dictamen del Consejo de Estado, previo a la aprobación de los planes por parte del Consejo de Ministros, ha formulado una serie de consideraciones sobre la falta de coordinación de los planes hidrológicos relacionados por el trasvase.

El punto más relevante, recuerda Scrats, reside en el conflicto suscitado entre los caudales ecológicos y su impacto en el Trasvase, debido a que es indudable, y así lo manifiesta el Consejo de Estado, que la falta de coordinación puede provocar "una afección relevante a un elemento de la planificación hidrológica nacional como es el trasvase del Tajo - Segura".

Por otro lado, remarcan los regantes, el Consejo de Estado afirma que el Gobierno de España puede aprobar el real decreto, "sin perjuicio de la conveniencia de considerar las observaciones formuladas en este dictamen" por lo que la decisión final está ahora en la mesa del Consejo de Ministros, que será quien refrende pasar de 6 m3/s de caudal ecológico a los 8,65 m3/s que defendía la ministra Ribera. "Cuestiones que carecen de aval técnico, dado que todos los informes independientes avalan el caudal actual", lamentan.

En este sentido, desde Scrats se lleva denunciando desde hace meses que la disminución de los aportes a las provincias de Alicante, Murcia y Almería será de 105 hm3, lo que supondría 78 hm3 menos para regadío que la media actual y 27 hm3 menos para abastecimiento. Así como que esta reducción de los volúmenes disponibles supondría la pérdida de 27.314 hectáreas de superficie regable en todo el levante español, la desaparición de más de 15.000 empleos, y reducciones de valor patrimonial estimadas en 5.692 millones de euros.