La presidenta de la Autoridad Portuaria, Yolanda Muñoz, no ha podido con la presión y ha renunciado al cargo, tras ser acusada por el fiscal de presuntos amaños de contratos y ser imputada por la titular del Juzgado de instrucción número Uno de Cartagena.

En un comunicado, la ya expresidenta afirma que la decisión la ha tomado tras mantener una conversación con Fernando López Miras, y afirma que está convencida de que es la mejor decisión en este momento "y con la firme certeza de defender la imagen de la institución a la que he representado con orgullo y dignidad, así como de la Región de Murcia, ante aquellos que pretenden aprovechar políticamente y sembrar confusión tras las denuncias presentadas, a la vez que poder aclarar ante la justicia aquellos hechos que se investiguen".

En el comunicado también señala que confía en la justicia y los mecanismos puestos en marcha "para demostrar mi integridad y la del personal que forma parte de la Autoridad Portuaria de Cartagena".

Tanto el fiscal anticorrupción como la juez que se ha hecho cargo del caso aprecian indicios de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos, falsedad documental y negociaciones prohibidas a los funcionarios en la adjudicación de obras y contratación de personal entre 2015 y 2021 en la Autoridad Portuaria.

Además de Muñoz, en la querella también se investiga (imputados) a otras ocho personas: el expresidente de la APC Antonio Sevilla,  el exdirector general José Pedro Vindel; la jefa del Área de Planificación y Gestión de la Autoridad Portuaria, María José Barahona, y el director del Departamento de Instalaciones, José Segura, así como el jefe de servicio de Compras, Francisco Ortiz.

Como representantes de las empresas beneficiadas en un supuesto amaño de contratos estarían Susana García, administradora de la empresa de recursos humanos Barraise y Francesc Casas, consultor de la mercantil Sopra Steria España.

Se había quedado sin apoyos

A la presentación de la querella por parte de la Fiscalía y la posterior asunción del caso por el juzgado, en los últimos días se había sumado la presión política ejercida no solo por los partidos de la oposición, sino el propio Partido Popular.

Tras el término este jueves de la reunión semanal del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Marcos Ortuño, 'señaló la puerta de salida' de Yolanda Muñoz; y más explícita fue aún la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, y su grupo municipal, que apoyó una moción presentada por Podemos en la que se pedía directamente su renuncia.