Agentes de la Policía Nacional -en el marco de un Procedimiento de Investigación de la Fiscalía Europea y la tutela de un juez de la Audiencia Nacional- han destapado un fraude de subvenciones europeas en el ámbito rural a través del sindicato agrario Coag. Hay 42 personas investigadas no detenidas y se han realizado dos registros en la sede nacional de Madrid y en la regional de Andalucía-. La cantidad defraudada podría alcanzar los 400.000 euros.

Asimismo, se han solicitado siete requerimientos de información en las sedes regionales de Murcia, Aragón, Baleares, País Vasco, Comunidad Valenciana, La Rioja, Murcia y Cataluña.

El análisis de tres ejercicios económicos a nivel nacional ha revelado la existencia de múltiples irregularidades en la justificación de ayudas mediante el empleo de documentos falsos y un sofisticado sistema de imitación de firmas.

La investigación, que ha contado con la colaboración de la Intervención General del Estado, constituye la primera explotación operativa de este tipo en España desde la creación de la Fiscalía Europea.

Las pesquisas se iniciaron a requerimiento de un Juzgado de Instrucción de Sevilla -que posteriormente remitió las actuaciones a la Fiscalía Europea por haber solicitado la investigación- y a raíz de una denuncia contra este sindicato agrario de ámbito nacional. En la denuncia se hacía referencia al empleo de documentos falsos para justificar actividades no realizadas cuya ejecución se encontraba subvencionada.

Con el avance de las pesquisas, los agentes destaparon un presunto fraude en subvenciones, con cargo a presupuestos europeos, en la justificación de las ayudas prestadas por la dirección general de Migraciones entre los años 2018 y 2020. Las ayudas estaban destinadas a la atención de ciudadanos extranjeros en España en materia de organización y coordinación de contrataciones, asesoramiento en información sociolaboral  y visita a alojamientos.

La complejidad de la investigación ha radicado en la extensión temporal del fraude, así como en su extensión a nivel nacional, el colectivo afectado y la naturaleza de los fondos implicados. Además, la Intervención General del Estado ha colaborado en el cotejo exhaustivo de documentos y el análisis de datos.