
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal internacional que falsificaba tarjetas de residencia. Se ha detenido a seis personas en Málaga y Murcia. Se trataba de una red criminal que proporcionaba tarjetas de residencia falsificadas a migrantes en situación ilegal, lo que les permitiría trabajar. Les obligaban a pagar 200 euros al mes mientras estuvieran trabajando con la documentación que habían falsificado. El entramado estaba dividido en dos facciones para facilitar el reparto de funciones y gestionar los cobros y la obtención de los documentos falsificados. Los implicados obtuvieron unos beneficios de unos 1.800 euros anuales por cada persona.
La organización criminal falsificaba tarjetas de residencia en África y los integrantes de la red vendían esta documentación a ciudadanos de nacionalidad nigeriana que residían de forma ilegal en territorio nacional. Para ello, debían abonar una cantidad de dinero por la tarjeta y después otra suma mensual para pagar la utilización de la misma.
En Málaga se recibían los pagos de los solicitantes de las tarjetas y era en Murcia donde se facilitaba la documentación falsificada. La consecuencia última era el favorecimiento de la inmigración ilegal, al suministrar la permanencia y la posibilidad de trabajo en España de personas que se encontraban en situación irregular.
Para poder adquirir la documentación, los migrantes debían realizar un primer pago de entre 500 y 600 euros, para después recoger las tarjetas en la ciudad de Murcia, donde la organización les entregaba la documentación y les daba alojamiento en pisos ‘patera’. Los integrantes de la red les indicaban allí las empresas desde donde podían iniciar su actividad laboral sin ser detectados.
Además, les obligaban a pagar 200 euros al mes mediante transferencia bancaria durante todo el tiempo que estuvieran trabajando con la documentación que les habían aportado.
Investigación policial
Durante la operación policial han sido arrestadas seis personas, cuatro en Málaga y dos en Murcia, por pertenencia a organización criminal, falsedad documental y delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Se han realizado dos entradas y registros en las ciudades de Málaga y Murcia en las que se han intervenido más de 50 documentos falsos de diferentes países, 400 euros en efectivo, nueve teléfonos móviles, un ordenador portátil, y diversos efectos de almacenamiento informático.

