Adscrita al ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la dirección general de Derechos de los Animales, que representa una auténtica novedad en la organización de la Administración Pública Española, está desempeñada por Sergio Antonio García Torres, conocido como el animalista de Podemos.

Según el currículo publicado en el Portal de la Transparencia del Ministerio, Sergio Antonio ha cursado Estudios Superiores en Artes Aplicadas a la Escultura y obtenido la Titulación de Técnico Superior en Artes Aplicadas a la Escultura. Igualmente logró obtener una titulación homologada de la Comunidad de Madrid como formador en posicionamiento y manejo de redes sociales, expedida por la Federación Regional de Enseñanza de CCOO.

Igualmente ha ejercido como responsable de Relaciones Institucionales de ONG‘s internacionales, aunque no las precisa, y responsable de la campaña de elaboración programática, en este caso conjunta, con organizaciones políticas (Podemos). Asimismo, ha desarrollado actuaciones como community manager, social manager y posicionamiento de empresas mayoristas, junto al mantenimiento de tiendas online. Finalmente ha sido integrante del equipo de comunicación de ONG especializadas en Derechos de los Animales, sin que dicho portal ministerial especifique en cuales. 

Tampoco menciona el Portal de Transparencia que García Torres fue uno de los propietarios de ‘Pura Vida Vegan Bar’, un establecimiento vegano de Madrid.

Para el desarrollo de las funciones que se le asignan a esa Dirección General, y  por las que el Garcia Torres percibe un sueldo bruto anual de 91.180,79 euros, se encuentra, técnicamente hablando, él sólo, puesto que la información facilitada por el ministerio no incluye estructura alguna de apoyo al director general lo que, como ya se ha indicado, no solo es novedoso, sino directamente inaudito en la historia de la Administración Española. Eso sí, cobra unos 500 euros al año más que su colega de departamento el Director General de Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030 (sic).

Esas funciones van desde la formulación de las políticas del departamento en materia de protección de los derechos de los animales, al impulso de todas las medidas necesarias para incluir la protección de los derechos de los animales en el ordenamiento jurídico actual, pasando por el desarrollo de las medidas de difusión necesarias para que la sociedad conozca y respete los derechos de los animales y su protección y ,finalmente, la coordinación tanto con las comunidades autónomas y entidades locales, Fiscalía General del Estado, administraciones públicas y el resto de entes del sector público estatal, como con los agentes sociales para lo mismo que el apartado anterior : que se reconozcan y se respeten los derechos de los animales y su protección.