Al hilo de la moción de censura registrada ayer en la secretaría del Congreso y promovida por el Grupo Parlamentario de Vox se han vertido, por ahora, un torrente de opiniones contrarias a su planteamiento.

Básicamente giran en torno a su inviabilidad por una estricta y concluyente cuestión de aritmética parlamentaria, por un lado, y por la propia figura del candidato propuesto, Ramón Tamames, en atención a su edad.

En la reciente historia parlamentaria española todas las iniciativas en este sentido, menos una, no prosperaron. Sólo lo logró la que impulsó el actual presidente Pedro Sánchez concitando el apoyo más heterogéneo del mapa de grupos parlamentarios. De aquellas adhesiones vinieron luego determinados problemas que están en la mente de todos, en particular el esquema de cesiones al independentismo catalán.

Por tanto, una moción de censura en la praxis parlamentaria española no va dirigida necesariamente al triunfo sino a poner de manifiesto, desde el punto de vista del que la impulsa, el rechazo al más alto nivel de una determinada situación política y social derivada de una acción de gobierno que se considera contraria y perjudicial para los intereses nacionales y para la sociedad española. 

Desde este ángulo es desde donde debe ser ponderada la iniciativa encabezada por Santiago Abascal. Porque de lo que creo que no hay duda es de que una amplia mayoría de la sociedad española ha llegado a un punto en donde las políticas de concesión al mundo separatista, el manejo torticero de las mayorías para el control de las principales instituciones del Estado, y la introducción –por llamarlo de algún modo– de una legislación ideológicamente sesgada y técnicamente nefasta en protección de los derechos de la mujer, con las consecuencias conocidas del Sí es Sí, la creación de todo un matrix sobre la identidad sexual o el concepto de familia. Todo esto, digo, genera en mi opinión un constante y cada vez más agravado rechazo de un buen número de ciudadanos. Un gran número.

Ya no sólo se trata del récord histórico de la deuda pública, que por otra parte no es un concepto lejano y virtual, sino la púa –y perdonen el lenguaje coloquial– que les dejamos a los que nos suceden. Ya no se trata de que se retuerza muy convenientemente el Código Penal, o de que se haya llenado la Administración General del Estado de ministros y ministras absolutamente inadecuados para esa alta función, y de toda la corte de altos cargos con nula experiencia y abultados sueldos. Y de ceses de mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que lo único que han hecho es cumplir con su deber.

Se trata de que todo tiene un límite. Y se trata más exactamente de plantear, en el lugar donde reside la soberanía nacional, y frente al que desarrolla y ampara esas políticas, el rechazo y formular ese rechazo desde la razón, y con emoción también. Se trata finalmente, y aunque no esté de moda, de una cuestión de dignidad.

La moción no prosperará pero…Ojalá prosperara.