El Consejo de Gobierno ha dado su visto bueno a la interposición de un recurso ante el Tribunal Supremo contra el recorte al trasvase Tajo-Segura impuesto por el Gobierno central, que podría superar los 100 hectrómetros cúbicos anuales, casi la mitad de su aportación actual a la cuenca del Segura, “causando un grave e irreversible impacto económico, social y medioambiental en la Región”.

En concreto, el recurso contencioso-administrativo se defiende de los efectos del Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, que aprueba la revisión de los planes hidrológicos de diversas demarcaciones hidrográficas, entre ellas, las del Tajo y el Segura, “que hace incongruentes e incompatibles”.

El recurso del Gobierno de la Región de Murcia “subraya el nulo rigor técnico y la falta de respaldo científico que respalde el incremento del caudal mínimo circulante en el río Tajo para garantizar su buen estado ecológico”, informa el propio Gobierno. 

Así, el Ejecutivo rechaza esta modificación por basarse en informes insuficientes y escasos de motivación que la respalden y por haberse tomado de forma unilateral por parte del ministerio para la Transición Ecológica, modificando el acuerdo previo alcanzado por las comunidades autónomas en el Consejo Nacional del Agua.

Este recurso se suma a las medidas judiciales adoptadas también por los gobiernos de Andalucía y la Comunidad Valenciana. 

El recurso del Ejecutivo murciano destaca, además de los perjuicios al sector agrícola, “el serio daño medioambiental que supondrá la reducción en las aportaciones del Trasvase, que intensificará el proceso de desertificación, con repercusiones irreversibles en la biodiversidad y en la sostenibilidad medioambiental de la Región de Murcia”.