Como bien señala Carlos Espinosa de los Monteros, vicepresidente segundo del Grupo Inditex, este mes de febrero se han cumplido siete años desde que nuestro presidente del Gobierno anunciara su intención de impulsar grandes acuerdos con los sindicatos mayoritarios y la CEOE para crear empleo. Desde entonces se han firmado los siguientes grandes acuerdos: Declaración para el Diálogo Social (2004), Declaración para el Impulso de la Economía (2008), Acuerdo para el Empleo y Negociación Colectiva (2010) y, ahora, el Acuerdo Social y Económico (2011). Sin olvidar la efímeramente celebérrima ley de Economía Sostenible de por medio.

    ¿Resultado? Un desempleo inmoral. El mantenimiento de un sistema laboral mundialmente cuestionado, incapaz de crear empleo. Una falta absoluta de financiación para nuestras empresas. Una burocracia complejísima, cara e ineficiente. El aumento de la presión recaudatoria. Un ineficaz modelo de educación que socializa los méritos. La pérdida de capacidad de renta de los ciudadanos. La desconfianza y desmotivación para el futuro. ¡Vaya foto!

    Es cierto que de los tres sujetos actuantes, el que tiene mayor responsabilidad de largo es el Gobierno, que es quien 'gobierna'. Para eso recibe ese mandato del pueblo y todo el poder. Pero no es menos cierto que tanto los sindicatos mayoritarios como CEOE en menor medida -ahora lo explico-, tienen su cuota de responsabilidad. Y no es en absoluto una responsabilidad menor.

    Es de justicia decir que. de los tres actuantes, sólo CEOE denunció desde el principio la gravedad de la situación a la que nos enfrentábamos, y las medidas que había que adoptar, rechazadas agresivamente por el Gobierno también desde el principio. Medidas que hoy han sido llevadas a la práctica parcial y erróneamente, algunas de ellas bajo invocaciones de responsabilidad de Estado, pero adoptadas bajo la amenaza de una vergonzante intervención de nuestra economía.  

    ¿Cuál es la principal conclusión que debemos sacar? Toda organización empresarial debe obtener su legitimación de las empresas que la integran, de sus bases, de abajo hacia arriba. Eso implica la defensa coherente de sus principios e intereses, con flexibilidad si fuese necesario, siempre que no implique la complicidad con un consenso suicida para el sistema productivo que defiende, aunque implique recibir mucha presión y a veces pocas sonrisas.

Cualquier representante de una organización empresarial que crea que la foto dando la mano a un representante de un gobierno -nacional o regional- vale más que el apoyo meditado, responsable y coherente de sus bases está en un error, por muy necesarias que sean ambas situaciones para el sostenimiento de un Estado moderno. Lo uno te llevará a lo otro, pero en  este caso el orden de los factores sí puede alterar el producto.

    Florentino y Botín no necesitan a la CEOE para modificar las leyes de bloqueo de acceso a los consejos de administración, o para la modificación del core capital de  competidores que han disfrutado de privilegios públicos. A cambio de posar en la foto con un Gobierno agónico lo pueden conseguir en una sola mañana. Merecen todo el respeto, consideración, y admiración, pero en estos momentos defienden posiciones distintas a las de la inmensa mayoría de las empresas que componen este país.

    CEOE y los demás debemos tener presente esta lección para el futuro. Tenemos que ser la voz de las pymes, que son quienes crean el 80% del empleo en este país y no tienen voz propia. De ahí vendrá la legitimación para el futuro. De abajo arriba. Con responsabilidad y compromiso de los de abajo, y liderazgo de los de arriba.

    Cada vez estoy más convencido de que sobramos dirigentes empresariales y faltan líderes sociales. Las reformas tocan a las puertas de nuestras organizaciones, y la voz sube de abajo a arriba.