La organización agraria Unión de Uniones denuncia que ve indicios de que las grandes empresas bodegueras García Carrión y Félix Solís estarían incurriendo en presuntos incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria. Esta organización, constituida como una alianza de pequeñas organizaciones de distintas comunidades autónomas, asegura que les están llegando quejas de los productores de uva para vinificación.

Según aseguran, los costes medios de producción, con el encarecimiento experimentado en estos dos últimos años podrían situarse, por ejemplo, en la mayor zona productora de España, Castilla-La Mancha, entre los 0,21 euros/kilo y los 0,46 euros, para la variedad airén dependiendo de si se trata de secano o regadío o está o no acogida a alguna denominación de origen (DO). Para la variedad tempranillo, la horquilla podría estar entre los 0,30 €/kg y los 0,54 €/kg. “Los precios de la uva que se está pagando a los viticultores por parte de bodegueros tan significados en el sector como Félix Solís y García Carrión son hasta la mitad y menos de esos costes en algunos casos”, señalan desde la organización.

Para Unión de Uniones estos datos aportan indicios de que, presuntamente, se estaría cometiendo un incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, que obliga a que el precio percibido por el productor supere sus costes productivos.

“Los viticultores estamos indignados de que con un recorte de cosecha como el que estamos teniendo, se esté pagando la uva a menos precio que el año pasado”, critican desde la organización que apunta a que “no da ni para pagar la vendimia”. Por este motivo, Unión de Uniones está teniendo encuentros con viticultores de las principales zonas productoras con objeto de reunir pruebas que constante si, efectivamente, se está vulnerando la Ley y presentar las oportunas denuncias a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

 
La organización ha emprendido esta actuación, aunque es consciente de las dificultades “porque los viticultores están en una posición de debilidad, sobre todo frente a las grandes bodegas” que pueden tomar represalias frente a las denuncias.

Por eso, Unión de Uniones recuerda que el ministerio de Agricultura dispone desde junio pasado del Registro de Contratos Agrarios en el que ya debe haber depositados contratos de compraventa de uva de esta campaña, ya que la obligación del comprador es inscribirlos antes de la entrega de la uva. “Con los datos del precio pagado en esos contratos y sus bases estadísticas sobre costes de producción” señalan “el Ministerio tiene material suficiente para hacer controles con una precisión quirúrgica y ver de oficio quien no está cumpliendo la Ley”.

Por otro lado, Unión de Uniones critica el abandono al sector por parte del ministro, ahora en funciones, Luis Planas, que ha ignorado a los viticultores en el paquete de ayudas directas pese a la mala cosecha que se prevé como consecuencia de la sequía y el encarecimiento de los costes productivos, que les afecta en la misma medida que a los productores del resto de sectores.