La organización de consumidores Facua ha denunciado a ocho de las principales cadenas de distribución ante el ministerio de Consumo por las subidas que vienen aplicando en los precios de un alto porcentaje de alimentos con el IVA rebajado. La asociación pide al departamento que dirige Alberto Garzón que abra una investigación para determinar en qué productos se han producido incrementos en los márgenes de beneficio, algo expresamente prohibido en el artículo 72 del real decreto ley-de diciembre de 2022 por el que se aprobó la rebaja fiscal.

El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha dado a conocer estas nuevas denuncias hoy jueves en rueda de prensa. En ella ha advertido de que "el 49,1% de los precios de los alimentos afectados por la rebaja del IVA han subido con respecto al día en que entró en vigor la medida ante la absoluta pasividad del Gobierno". Así lo pone de manifiesto el último análisis mensual realizado por la asociación a comienzos de septiembre.

Las denuncias contra las cadenas de distribución han sido remitidas ahora a Consumo una vez que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha manifestado que no tiene "ninguna competencia" para sancionar estas prácticas. El ministerio de Garzón, afirman desde Facua, sí las tiene, al igual que las autoridades de protección al consumidor autonómicas. Se las otorga el artículo 47 del real decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la ley general para la defensa de los consumidores: En él se definen las "infracciones en materia de defensa de los consumidores". Y en la letra f de su apartado 1 indica que lo son "el incumplimiento de las normas reguladoras de precios (...) o cualquier otro tipo de intervención o actuación ilícita que suponga un incremento de los precios o márgenes comerciales".

Facua había presentado la denuncia ante Competencia porque si bien el real decreto ley de la rebaja del IVA no aclaraba qué organismo se encargaría de sancionar a las empresas que incurrieran en esos incrementos de márgenes, la vicepresidenta Nadia Calviño anunció el pasado diciembre que "la CNMC tendrá una indicación muy clara de vigilarlo y habrá sanciones si no se cumple". Ante esto, desde enero la asociación ha venido interponiendo denuncias en Competencia por las subidas detectadas en las cadenas objeto de sus análisis mensuales, en los que monitoriza la evolución de alrededor de 1.000 precios.
 

Otro que se desentiende es el propio ministro Garzón, quien hoy ha señalado que "desgraciadamente", el ministerio de Consumo no es competente para aplicar sanciones a las empresas que vulneren las limitaciones en materia de precios establecidas en la legislación.

"Es de una gravísima irresponsabilidad que nadie en el Gobierno quiera actuar para sancionar a las empresas que se saltan la prohibición de subir márgenes mientras la economía de las familias está cada vez más deteriorada", advierte Sánchez. "Esperamos que el ministro Garzón dé respuesta a nuestra denuncia. La ley deja muy claro que su ministerio sí tiene competencias para sancionar los aumentos ilegales de precios y márgenes", ha concluido.