La organización agraria Coag ha pedido a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) que actúe de oficio y realice una campaña exhaustiva de inspecciones sobre los contratos de compra-venta de uva de vinificación presentados por las grandes bodegas de referencia.
Obviando la subida de los costes de producción para el viticultor y la reducción de cosecha prevista, (la más baja de los últimos 10 años), los precios de la uva ofertados se sitúan por debajo de los costes, incumpliendo la Ley de mejora de la Cadena Alimentaria. Dependiendo de la zona y la variedad de uva, los precios presentados recogen bajadas de hasta un 30% respecto a 2022.
Con estas cotizaciones, según los cálculos realizados por los servicios técnicos de Coag, un viticultor tipo perdería de media en torno a los 900 euros por hectárea en el caso de uva blanca airén y 1.200 euros en tinta tempranillo. Los costes de producción se elevan a 0,43 euros/kg para la variedad blanca airén y 0,52 €/kg para la tinta tempranilla, muy por encima de los precios presentados (0,20 euros/kg para blanca airén y 0,36 euros/kg para tinta tempranillo).
“Es intolerable que las grandes bodegas se salten a la torera la ley y obliguen a los agricultores a vendimiar a pérdidas. No vamos a consentir ni que haya viticultores que no tengan donde entregar sus uvas, ni que a otros les obliguen a firmar contratos a sabiendas de que sus costes de producción no se cubren con los precios ofertados. Sacar adelante uvas de calidad no se puede hacer a cualquier precio”, ha subrayado el responsable del sector vitivinícola de Coag, Joaquín Vizcaíno.
Como ejemplo, según afirman desde Coag, la semana pasada, una gran bodega, perteneciente al grupo Rioja, presentó contratos a sus proveedores para que acepten precios de 0,54 €/kg para las tintas y 0,60 para las blancas. Si la propia consejería de Agricultura de La Rioja fija costes de producción medios para 2022 en 0,70 €/kg, una rebaja del 23% es absolutamente imposible que cumpla con la más mínima rentabilidad.
En la actual campaña no sólo se han incrementado los costes de producción respecto a la de 2022, sino que además los rendimientos que los viticultores pueden entregar por hectárea se han reducido. Coag denuncia esta posición abusiva de la bodega, ya que los viticultores se ven obligados de esta forma a firmar contratos presuntamente ilegales ante la amenaza de tener que dejar sus uvas colgando en las cepas.