El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentó contra el Impuesto a las Grandes Fortunas y considera que el Gobierno de Pedro Sánchez no invadió las competencias de las comunidades autónomas en materia fiscal.

 

Este impuesto que recauda el Estado impone un tipo del 1,7% para los patrimonios entre 3 y 5 millones de euros; del 2,1% para los patrimonios entre 5 millones y 10 millones; y del 3,5% para aquellos patrimonios superiores a 10 millones de euros. Madrid recurrió el impuesto al entender que se vulneraban sus competencias y que los grandes capitales saldrían de su región y pondrían en riesgo inversiones privadas.

 

La resolución publicada hoy se dirige al recurso de Madrid y aún están pendientes los presentados por la Comunidad Autónoma de Murcia, Galicia y Andalucía, que previsiblemente también serán rechazados.

 

La ponencia del alto tribunal fue presentada por la magistrada María Luisa Balaguer y se aprobó con los votos de siete magistrados progresistas y cuatro en contra.

 

Este impuesto estatal trataba de compensar los ingresos que se dejan de ingresar en las comunidades donde está bonificado el Impuesto de Patrimonio: en Madrid y Andalucía se bonifica al 100%, en Galicia al 50% y en la Región de Murcia, el gobierno de López Mira aplica un mínimo exento de 3,7 millones de euros.