A falta de menos de una semana (martes 21 de noviembre) para la concreción de la huelga que han convocado en todo el país los abogados y procuradores que ejercen el turno de oficio, se están conociendo las situaciones de precariedad a las que se enfrenta este colectivo: retribuciones dignas, pago efectivo de los costes y reducción de la carga burocrática, entre otras reivindicaciones.

No obstante, también hay situaciones en las que estos profesionales utilizan su propia condición en beneficio propio. Así, la comisión de Justicia Gratuita del Colegio de la Abogacía de Murcia, deberá resolver la denuncia presentada por un particular -en calidad de demandado- contra una abogada de este colegio (IFG. n.º colegiado xxx2) que aparentemente teniendo recursos económicos suficientes ha solicitado un abogado y un procurador de oficio para que le lleve su causa particular contra el denunciante. En un principio, el abogado ‘demandante’ fue ella misma y ahora los reclama para la continuación del procedimiento y formular demanda contra el particular en reclamación de 60.000 euros por sus servicios, ya que tradicionalmente se ha dedicado a la intermediación financiera, trabajo que poco tendría que ver con la carencia de recursos propia de quien precisa de la justicia gratuita.

Según todo apunta, la abogada reclama abogado y procurador de oficio para preveer todas las posibilidades en su reclamación, juicio cuya vista se ha fijado para febrero de 2024. Pero principalmente para que, en el caso de que tras el juicio oral no le den la razón y sea condenada en costas, no tendría que abonarlas al haber, supuestamente, acreditado carecer de recursos.

En el escrito presentado en el Colegio de la Abogacía de Murcia (antes Colegio de Abogados), el demandado afirma que su denunciante “se está aprovechado de los beneficios que concede la justicia gratuita para litigar contra mí, aludiendo a que no tiene recursos”. En el mismo escrito de denuncia se pone en evidencia que esta abogada “está en activo”, gestiona su patrimonio a través de sociedades y posee en propiedad, al menos, un piso ático en una de las zonas de expansión de la ciudad de Murcia valorado en un millón de euros. 

Para más información, el demandado que se dirige al Colegio aporta documentación sobre las propiedades de la abogada y de su marido -al que cita, pero no menciona si tiene con él bienes gananciales o no-, con quien comparte despacho profesional en “una oficia de grandes dimensiones” en un edificio de oficinas en Murcia.

La documentación a la que ha tenido acceso MurciaEconomía demostrarían los bienes de la abogada, que es administradora solidaria de una empresa dedicada al alquiler de inmuebles. Con anterioridad fue consejera y secretaria de una empresa de intermediación financiera que presentó concurso de acreedores. Las dos empresas se encuentran en Murcia.

“Perro no come carne de perro”

Letrados consultados por este periódico han afirmado que “no es lo más frecuente, pero sí normal”, que abogados también en ejercicio busquen este tipo de “artimañas” para dilatar procesos o no tener que afrontar pagos de costas en asuntos judiciales en los que se ven implicados.

En la mayoría de ocasiones, afirman estas fuentes, son abogados y procuradores con los que mantienen amistad quienes les representan en los asuntos. En esta ocasión, y ante la previsible condena en costas, han buscado el reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita para eludir el pago de las costas que les pudiera corresponder.