El periodo medio de pago (PMP) creció en el tercer trimestre hasta los 82 días después de cuatro descensos interanuales, según el Observatorio de Morosidad de Cepyme, cuando el plazo máximo legal de pago establecido es de 60 días. El esfuerzo financiero asociado a la deuda comercial de las empresas se ha duplicado en el mismo periodo, llegando a los 2.700 millones de euros en cómputo anualizado para el conjunto de las pymes, lo que detrae recursos de las pymes para la inversión o el aumento de plantilla, minando su productividad.

Este esfuerzo financiero es el mayor desde junio de 2009, y se produce pese a la restricción del crédito comercial. De esa cantidad, 1.400 millones se explican por el esfuerzo para financiar las ventas que se cobran dentro de los plazos acordados, y los restantes 1.300 millones por el tramo moroso de la deuda comercial, es decir, las ventas que se cobran más allá de los 60 días.

Esta situación es un termómetro del entorno adverso en el que se desarrolla la actividad de las pymes, que ven lastrada su liquidez por la demora en los cobros, y demanda una pronta adopción de medidas. Con el fin de avanzar en soluciones para esta problemática, Cepyme trabaja con las instituciones comunitarias sobre la nueva regulación a escala europea que está elaborando la Comisión Europea.

Respecto a la elaboración del nuevo reglamento europeo encaminado a reducir los plazos de pago en las empresas, Cepyme valora positivamente que se preste atención a este grave problema que sufren las pymes europeas y, en especial, las españolas, y que Bruselas haya dado prioridad a esta iniciativa. La Confederación está trasladando sus análisis y propuestas sobre el impacto de la morosidad en las pymes europeas, con el objetivo de conseguir un efecto más favorable de este reglamento en la lucha contra esta lacra comercial.

La Confederación considera fundamental que se opte por homogeneizar la normativa europea sobre morosidad de forma que las empresas de todos los Estados miembros compartan unas reglas de juego comunes que no penalicen su competitividad. Si bien cree necesario que también se priorice su cumplimiento por parte de las administraciones públicas con el fin de que se garantice que la liquidez llegue a las pymes y estas puedan cumplir con sus plazos de pago sin verse en una situación de estrangulamiento financiero.

La elevada inflación unida a los altos tipos de interés eleva los costes asociados a la financiación de las obligaciones comerciales. Las empresas sufren un doble golpe: cobran sus cuentas pendientes en moneda de menor poder adquisitivo mientras afrontan un esfuerzo adicional para financiar su deuda comercial. Y esto se agrava en el caso de las pymes, cuya resistencia a tensiones de liquidez es menor que la de las grandes empresas.