Desde hace unos meses los trabajadores del campo de toda Europa están protestando como nunca antes lo habíamos visto, al menos en épocas recientes, pero ¿Como se inició este movimiento de protesta de gran parte del sector primario europeo? ¿A qué se debe estas protestas? y ¿qué reclaman?

Dar respuesta a estas preguntas, entiendo, es fundamental para comprender que está sucediendo en un sector vital y, de este modo, prever las posibles consecuencias.

Comencemos por el principio, la revuelta agrícola europea, son una serie de protestas que están ocurriendo desde diciembre de 2023 en Europa. Se han producido protestas sociales en 16 países de Europa, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Irlanda, Suiza, Bélgica, Países Bajos, Polonia, Lituania, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Grecia y por supuesto en España también.

El detonante se produce en Alemania el 18 de diciembre de 2023 donde centenares de tractores protestaron en las principales arterias de Berlín por el fin de las ayudas al diésel agrícola y la incapacidad, por su parte, de adaptar su maquinaria pesada a la eléctrica como marca el Pacto Verde Europeo. Si bien es cierto que ya a finales de noviembre del pasado año hubo varios conatos en el departamento de Aude, en el sur de Francia, donde unas 6.000 personas organizadas por sindicatos locales se manifestaron por los precios bajos de sus productos que se traducían en pérdidas económicas de sus explotaciones.

Es ya en enero cuando las protestas se extienden y se hacen masivas en gran parte de Europa. Desde el 18 de enero se producen una serie de protestas en Francia llegando a bloquear el paso desde España. Esto hace que países como Polonia, Países Bajos, Lituania, Bélgica y Rumanía inicien sus protestas.

El 1 febrero los agricultores portugueses, organizados por el Movimiento Civil Campesino, cortan las vías de acceso a las carreteras de la región de Extremadura.

En España se inician las protestas el 6 de febrero organizadas por diversos comités y asociaciones agrícolas españolas.

Las exigencias comunes de todos los países se centran en la imposibilidad de hacer rentables las explotaciones agrarias debido a la práctica de políticas medioambientales y económicas restrictivas de aplicación exclusiva para explotaciones agrícolas dentro de la eurozona que, según los agricultores europeos, favorecen a las grandes explotaciones en detrimento de los minifundistas, asi como beneficiar la importación de alimentos de ciertas áreas menos desarrollados como pueden ser zonas de América del Sur (incluyendo Mercosur) y África pero también Ucrania.

Al mismo tiempo, las medidas medioambientales se han traducido, según el campo europeo, en un deterioro en las condiciones de trabajo de los pequeños productores. En particular, pero no exclusivamente, las quejas se focalizan en el llamado Objetivo 55 que persigue reducir las emisiones de CO2 en al menos un 55% para 2030. También es muy criticado el Pacto Verde Europeo aprobado en 2020. Este pacto constituye un conjunto de iniciativas políticas de la Comisión Europea con el fin de que la Unión Europea sea climáticamente neutral para 2050.

Además, de las reivindicaciones comunes a todos los países, existen también demandas exclusivas de algunos países. Mientras que Polonia, Hungría, España, Francia y Rumanía reclaman, entre otras cosas, que se revise el acuerdo con Ucrania con el objetivo de asegurar que el destino de los productos agrícolas ucranianos esté fijado antes de que entren a la UE y asegurar la reciprocidad en los estándares de producción agrícola “para asegurar el comercio justo”.  Alemania reclama que las exenciones fiscales se mantengan y no se eliminen como ya ha ocurrido.

En el caso que probablemente más nos afecte en España son las reclamaciones que hace el campo español. Estas además de las exigencias comunes en toda Europa, se centran en la reforma de la PAC y la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, más conocida como la Ley de la Cadena Alimentaria. Desgraciadamente, la ley se ha demostrado poco eficaz para resolver el principal problema del campo español, este no es otro que verse obligados a vender sin margen de beneficio o incluso a un precio por debajo de los costes de producción.

La Ley de la Cadena Alimentaria, en teoría que no en la práctica, nació para impedir que ningún eslabón de la cadena vendiera por debajo de lo que ha pagado al eslabón anterior o le ha costado producir dicho bien y de este modo asegurar que ningún agente vendiera a perdidas. La herramienta principal que articula esta ley es la posible sanción económica a aquella empresa que incumplen dicha ley. En mi opinión y a vista de lo que está aconteciendo, la práctica de la ley no ha pasado el filtro de utilidad una vez se ha aplicado en la realidad comercial y empresarial de España.

Desde mi punto de vista esta Ley debía asegurar que el sector agroalimentario español aportara rentabilidad sostenida en el tiempo para los agricultores nacionales y de este modo hacer rentable las explotaciones agrarias.

Esta ley entró en vigor en diciembre de 2021 y se ha evidenciado que no soluciona los problemas que afectan al campo español, desde mi punto de vista, dicha ley puede incluso representar una amenaza a la competencia empresarial, puede por tanto deteriorar el libre comercio ya que pretende la fijación de precios de manera forzada y artificial. Además, puede incluso favorece la entrada de productos de terceros países (fuera de la zona euro) ya que estos países no se deben ajustar a la normativa española y/o europea sin obviar que sus costes de producción son menores que en Europa, en detrimento de una posible falla en la seguridad alimentaria y una más que posible reducción de los estándares de calidad exigidos en Europa.

Considero que el campo español debe intensificar acciones en paralelo a la Ley de la Cadena Alimentaria para protegerse en las políticas europeas que si bien son ambiciosas y persiguen un bien común, también están provocando tensiones en gran parte del tejido productivo de España y por supuesto de Europa. Entre las medidas que considero necesarias, destacaría una mayor unidad de acción sectorial, crear un lobby europeo fuerte que pueda ejercer una influencia a favor de sus redificaciones, una mayor concentración de la oferta a través de la consolidación de producciones y por su puesto mejorar el modo en que comunican sus rendibicaciones a la ciudadanía.

Es obvio que la solución al problema que afecta al campo español no es sencilla y tampoco estará exenta de polémica, pero considero que es de vital importancia que desde las instituciones europeas y nacionales comprendan la importancia que supone la autonomía estratégica alimentaria de Europa porque la autonomía alimentaria no puede darse por supuesta.

Europa debe ser más autosuficiente. Además, considero que solo se podrá garantizar la seguridad alimentaria si los agricultores europeos están en una posición relevante e influyente en la cadena alimentaria y en disposición de acceder a tecnologías digitales y a una mayor agricultura de precisión, es decir disponer de capacidad para invertir en el campo a medio y largo plazo.

En este sentido, Europa se enfrenta a un desafío que se traduce en la dificultad que supone conjugar las reglas básicas del libre comercio que rigen en la eurozona con la necesidad estratégica de conservar la autonomía alimentaria.