Como es habitual, en España somos únicos.

Si hacemos una breve comparación, España es líder europeo en personas aforadas.

Ni en Estados Unidos ni en Alemania ni en Reino Unido hay aforados, según el Tratado Jurisprudencial de aforamientos procesales.

En Italia y Portugal no existen más aforados que sus presidentes de la República así como en Francia solo hay aforamiento para el presidente, primer ministro y los ministros del gabinete.

Murcia fue sensata respecto a este privilegio del que gozan en la actualidad 250.000 aforados en España, y no lo digo yo, lo dice el Consejo General del Poder Judicial, cifra que me parece exagerada en nuestro país.

No me cabe duda del acuerdo adoptado en la Región que deberían de tomar el resto de comunidades.

Si echamos la vista hacia atrás y nos situamos en la décima legislatura, año 2021, un 17 de febrero entró en vigor, en nuestra Región el suprimir este beneficio para diputados y senadores, así como para miembros del Gobierno, aprobado en pleno por unanimidad en la Asamblea Regional de Murcia. Con el voto favorable de las Cortes para cambiar el estatuto de autonomía. Seguidamente Baleares, Aragón, Cantabria, La Rioja, eliminaron de sus estatutos los aforamientos para sus diputados y miembros del Gobierno regional, de modo que ya pueden ser juzgados por tribunales de justicia ordinarios.

El Senado aprobó la eliminación de esta figura jurídica con 227 votos a favor, 30 abstenciones y ninguno en contra.

Un aforado es una persona que, por ejercer un cargo público o por su profesión, goza del derecho, en caso de ser imputado por un delito, de ser juzgado por un tribunal ordinario al que correspondería a un ciudadano normal.

La Constitución de 1978 recoge en su artículo 71.3 el aforamiento de los diputados y senadores, para cuyo enjuiciamiento únicamente es competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Así mismo se debería tomar ejemplo del Parlamento canario, pionero también en eliminar este trato de favor allá por el año 2018.

Diputados, senadores, defensores del pueblo, jueces, fiscales y hasta la mismísima familia real gozan de este privilegio.

Desde mi punto de vista se puede ser monárquico y a su vez querer que la familia real no disfrute del aforamiento, ya que todos somos o debemos ser iguales ante la ley.

Ya te llames Juan Carlos, Felipe, Ábalos, Pepito el fiscal, María la jueza del juzgado de paz, Benito el Consejero del Tribunal de Cuentas o Laura la guardia civil de mi ciudad.

Con estos ejemplos quiero hacer saber al lector quienes se ven beneficiados y plantearle la duda de si la justicia es igual para todos los españoles.

Desde luego, visto desde el paso del tiempo podemos calificar de acertada la iniciativa del casi desaparecido partido de Ciudadanos, que fue, eliminar este privilegio o garantía según se mire. Una buena apuesta contra la corrupción.