España enfrenta una vez más un escenario político incierto después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara la posibilidad de renunciar a su cargo. La denuncia contra su esposa, Begoña Gómez, por supuesto tráfico de influencias, ha sido el motivo principal detrás de esta decisión, según explicaba Sánchez en una carta difundida en redes sociales.

En caso de renuncia, el Gobierno continuaría en funciones hasta que se nombre un nuevo presidente, limitando sus atribuciones y la capacidad para poder legislar. Si decide finalmente no renunciar este lunes, deberá esperar hasta el 29 de mayo para convocar elecciones generales, ya que la ley impide disolver las Cortes Generales antes de un año de la anterior disolución.

Una opción alternativa sería presentar una Cuestión de Confianza, un instrumento político mediante el cual el presidente solicita el respaldo del Congreso a su política. Si no obtiene la confianza de la mayoría, se iniciaría el proceso para investir a un nuevo presidente.

En este caso, el Congreso elegiría al nuevo presidente en un proceso similar al de una investidura después de las elecciones generales. Tras las consultas de su majestad Felipe VI con los partidos políticos, se designaría un candidato que se sometería a un debate de investidura y necesitaría la mayoría absoluta del Congreso en primera votación o una mayoría simple en la segunda para ser elegido. Si ningún candidato logra confianza, se convocarían nuevas elecciones.